Congreso peruano desordena la reforma de AFP y olvida la lección chilena

El Congreso de la República volvió a demostrar que legisla más en función de cálculos políticos inmediatos que de una visión responsable de largo plazo. Primero impulsó, con bombos y platillos, una reforma de pensiones que se presentó como el gran cambio estructural del sistema. Luego vino la publicación del reglamento, donde quedaron plasmadas dos disposiciones muy polémicas: la exigencia de aportes obligatorios a independientes sin rango de edad y la eliminación del retiro del 95,5 % al jubilarse. Ambas medidas generaron resistencia ciudadana porque no garantizaban una pensión digna en la vejez y fueron rápidamente capitalizadas por diferentes bancadas que, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron de defender la reforma a desmarcarse de ella y culpar al Ejecutivo de haberla “desnaturalizado”.

Los mismos partidos —Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular— que votaron a favor de la reforma terminaron desarmándola con la misma facilidad y aprobaron un octavo retiro de fondos de AFP por hasta 4 UIT (aproximadamente S/ 21,400) para congraciarse con la población. Esta improvisación legislativa y la ausencia de una línea coherente en materia previsional dejan en evidencia el bajo nivel del actual Congreso. El nuevo retiro tiene un costo de futuro evidente: más afiliados llegarán a la vejez sin ahorros previsionales y dependerán de pensiones mínimas financiadas con recursos fiscales. El Estado, es decir, todos los contribuyentes, cargará con la factura de las decisiones populistas de hoy.

La lección chilena que no queremos aprender

La experiencia de Chile debería ser un espejo. En 2008, ese país intentó integrar a los independientes al sistema de AFP con un esquema de obligatoriedad progresiva. El camino fue de idas y vueltas, con leyes que se aprobaron, se suspendieron y luego se reinstalaron. Pese a los constantes cambios, hoy menos del 30 % de los independientes chilenos aportan efectivamente. Pero las razones son claras: ingresos inestables, alta informalidad y desconfianza en el sistema. El resultado fue una cobertura baja y, como advirtió la OCDE, más del 60 % de este grupo terminará dependiendo de pensiones básicas financiadas por los impuestos de los contribuyentes.

En 2012, Chile aplicó una retención automática del 10 %, con la opción de renunciar al sistema. El resultado fue contundente: la mayoría se salió. Así en 2015 el Parlamento chileno decidió suspender la medida, y, años más tarde, reinstalarla con gradualidad y flexibilidades hasta 2028. El esquema tampoco cubre a todos: están obligados solo quienes superan ciertos ingresos y trabajan bajo recibos por honorarios, mientras quedan fuera los de menores recursos, quienes ya cotizan en otros regímenes y los mayores de 50 o 55 años al inicio de la reforma.

Chile ya pagó el costo de una reforma mal diseñada y de promesas incumplidas. Perú, en cambio, parece decidido a recorrer el mismo camino sin aprender la lección. Entre el populismo de los retiros sucesivos y la creación de medidas poco estudiadas, el Congreso ha dejado claro que no legisla pensando en la población del futuro, sino en aplaudir su propio oportunismo de hoy. Chile ya recorrió este camino. Perú aún puede evitar repetirlo.