Nuevo reglamento para ONGs refuerza control y transparencia en proyectos de desarrollo

El Gobierno oficializó la publicación del reglamento de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (Ley APCI), norma que busca regular los mecanismos y procedimientos de la cooperación técnica internacional (CTI) en el Perú. Su objetivo central es garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos que provienen del exterior para proyectos de desarrollo.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) será la entidad encargada de fiscalizar los fondos de la cooperación internacional. Para ello, realizará auditorías y un seguimiento permanente de los programas, proyectos y actividades que reciban financiamiento externo.

Entre las principales disposiciones, se establece que todas las organizaciones que gestionen o ejecuten cooperación técnica internacional deberán estar inscritas en los registros administrados por la APCI: el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), el Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX) y el Registro de Instituciones Privadas sin fines de Lucro Receptoras de Donaciones (IPREDA). Estos padrones son públicos y deben mantenerse actualizados.

Asimismo, el reglamento dispone la implementación de un sistema digital de información que permitirá a la ciudadanía acceder a datos sobre proyectos, donantes, contratos y seguimiento de los fondos. La norma también faculta a la APCI a aplicar medidas preventivas y correctivas en cualquier etapa de la gestión de los proyectos, a fin de garantizar el buen uso de los recursos.

El reglamento contempla, además, un régimen de sanciones para las entidades que incumplan las disposiciones, con medidas proporcionales a la gravedad de las faltas. En este marco, la APCI coordinará con instituciones como la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) para reforzar el control y la transparencia en la recepción y uso de fondos internacionales.

Finalmente, las organizaciones beneficiarias deberán presentar informes anuales y semestrales sobre las actividades ejecutadas, que estarán sujetos a fiscalización posterior. La norma representa un paso clave para consolidar la cooperación internacional como un motor de desarrollo, garantizando que los recursos se administren de manera transparente y efectiva.