Miguel Torres y Fuerza Popular, de promotores a críticos de la reforma de pensiones

La disputa por la reforma del sistema de pensiones en el Perú se ha convertido en un ejemplo de incoherencia política. En 2024, el Congreso aprobó la Ley de Modernización del Sistema Previsional (Ley 32123), con 38 votos a favor y un rol decisivo de Fuerza Popular, que aportó la mitad de los apoyos. Sin embargo, tras la publicación del reglamento el 5 de septiembre de 2025, las mismas bancadas que impulsaron la norma salieron a rechazarla y acusaron al Gobierno de haberla “desnaturalizado”. En paralelo, el Ejecutivo buscó “salvarse” de las críticas y dio un giro populista: respaldó el octavo retiro de fondos de las AFP, medida que hasta hace poco había cuestionado.

El contraste es evidente. Los votos y las actas confirman que Fuerza Popular, junto a Alianza para el Progreso, Avanza País, Acción Popular y parte de Renovación Popular, garantizó que la reforma avanzara. El congresista fujimorista Miguel Torres, entonces vocero y principal promotor, defendió públicamente la propuesta, destacando la creación de una pensión mínima de S/ 600 y nuevas modalidades de comisión para las AFP. Hoy, el mismo Torres encabeza las críticas y culpa al Ejecutivo de haber traicionado el espíritu de la norma. Su cambio de discurso, respaldado por la bancada Fuerza Popular, es una contradicción que erosiona la credibilidad del Congreso.

Fuerza Popular señala que el reglamento introduce restricciones como obligar a los independientes a aportar y prohibir el retiro del 95.5% de los fondos, medidas hoy son rechazadas por la ciudadanía, que asegura no correspondía al espíritu original de la reforma que aprobaron. “Fueron impuestas por el Gobierno”, enfatiza el comunicado de la bancada. Incluso, Torres ha salido en sus redes sociales para defenderse y asegura que su partido continuará defendiendo el derecho de las personas a disponer de su dinero y se opondrá al cobro obligatorio, advirtiendo que “eliminar todas las reformas es hacerle juego a quienes no quieren competencia”.

Pero Fuerza Popular no es la única bancada que busca negar su responsabilidad en la aprobación de la reforma al sistema de pensiones. Los grupos de Alianza para el Progreso y Renovación Popular —que votaron a favor— también lanzaron sus pronunciamientos cuestionando el reglamento recién publicado. Ambas bancadas han adelantado que impulsarán la derogación de estas medidas.

No menos cuestionable es la actitud de las bancadas que se ausentaron en la votación de 2024. Mientras se discutía una ley que afecta a millones de afiliados, las bancadas de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, algunos del Bloque Magisterial y de Honor y Democracia, así como seis congresistas no agrupados decidieron no aparecer en el registro, lo que ha sido criticado como una forma de evadir costos políticos. Esa omisión pesa tanto como el voto de quienes hoy se desmarcan de lo que aprobaron.

Del lado del Gobierno, la falta de coherencia también es evidente. El reglamento incluyó disposiciones que generaron rechazo, como restricciones a retiros y la obligación de aportar para los independientes. Y pocos días después, en lugar de dar argumentos técnicos y sólidos sobre las medidas, la mandataria Dina Boluarte se volcó a apoyar el octavo retiro de fondos, un alivio inmediato para miles de afiliados, pero un golpe a la sostenibilidad de las pensiones futuras. Estimaciones del sector hablan de retiros que podrían alcanzar entre 20 y 26 mil millones de soles, montos que debilitan aún más el sistema de capitalización individual.

Al final, la responsabilidad es compartida. El Congreso votó la ley y hoy intenta desmarcarse del resultado. El Ejecutivo redactó el reglamento y, en busca de popularidad, respalda medidas que minan el sistema que asegura defender. En ambos casos, los discursos se ajustan a la conveniencia del momento y no a una política seria para garantizar pensiones dignas. Mientras tanto, los afiliados ven cómo la reforma que prometía modernizar el sistema se convierte en un campo de batalla político donde nadie asume las consecuencias de sus decisiones.