Más de 110 mil viviendas informales en Puno carecen de agua, luz y títulos de propiedad

La informalidad no es el problema, el problema es la formalidad. Formalizar no es recaudar: formalizar es generar un espacio seguro de derechos y deberes. En las alturas de Puno, donde las heladas azotan sin piedad y los sismos amenazan constantemente, miles de familias viven en precarias construcciones que simbolizan el abandono estatal. Esta crisis habitacional no surge de la nada, sino de la inacción de las autoridades que permiten la expansión descontrolada, priorizando la recaudación sobre la seguridad ciudadana.

Según datos recientes del Instituto Peruano de Economía (IPE), el 68% de las viviendas en Puno carece de títulos de propiedad y servicios básicos como agua potable y electricidad, superando las 110 mil unidades informales al cierre de 2024, con proyecciones similares para 2025 según el Índice de Competitividad Regional (INCORE 2025). Esta cifra representa una bomba de tiempo: el 87% de las casas urbanas construidas entre 2007 y 2024 provienen de lotizaciones irregulares o invasiones, y solo el 10% cuenta con licencia de construcción y supervisión profesional, muy por debajo del promedio nacional. En Juliaca, epicentro de esta problemática, el 70% de las propiedades urbanas carece de título registral, agravando la vulnerabilidad de sus habitantes.

Los riesgos son evidentes. Más de la mitad de los techos están hechos de calamina y esteras, mientras que el 27% de los muros son de adobe o quincha, materiales frágiles ante desastres naturales. El 16% de estas viviendas ha estado sin agua potable por más de 20 años, lo que obliga a depender de cisternas que cuestan hasta cuatro veces más que un servicio formal. Además, el 18% carece de desagüe y electricidad, lo que incrementa enfermedades como la diarrea, especialmente en niños. A pesar de una inversión pública superior a S/ 730 millones en la última década, la brecha de acceso a agua y desagüe creció del 26.2% al 45.6% entre 2015 y 2024, evidenciando la ineficiencia estatal.

Desde la perspectiva del sector privado, esta informalidad es un reflejo del fracaso gubernamental en vigilar y regular el territorio. Promotores inescrupulosos venden lotes sin servicios, prometiendo intervenciones estatales que nunca llegan, mientras 7 de cada 10 trabajadores puneños laboran sin contrato, limitando su acceso a créditos hipotecarios o programas como Techo Propio. Organismos como COFOPRI, encargado de la formalización, han entregado títulos en el pasado, pero los datos recientes muestran que la informalidad persiste, exigiendo una intervención más agresiva y no solo recaudatoria.

Expertos sostienen que urge fortalecer planes urbanos municipales, promover educación financiera y evitar la legalización de invasiones, que solo perpetúan el ciclo vicioso. El INCORE 2025 posiciona a Puno en el puesto 23 de competitividad regional con un puntaje de 4.2, destacando cómo la vivienda informal frena el desarrollo económico y social. Es hora de que el Estado asuma su rol: no como mero recaudador, sino como garante de derechos. Sin acciones concretas, la informalidad seguirá siendo el rostro de la desigualdad en Puno.