Rondas campesinas se consolidan ante ola de violencia y un Estado debilitado
En medio de una ola de extorsiones y homicidios que azota al Perú en 2025, las rondas campesinas emergen en regiones como Cajamarca y Huánuco, llenando el vacío dejado por un Estado debilitado por la corrupción y leyes ineficaces. Este reportaje explora su impacto, con énfasis en la vigilancia al poder público que falla en proteger a sus ciudadanos.
Redacción Vigilante
Publicado 6:43 am, 29 agosto, 2025
En lo que va de 2025, la criminalidad ha escalado a niveles sin precedentes, con más de 60 menores asesinados en los primeros ocho meses del año y homicidios registrándose cada cuatro horas, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Esta ola de violencia, impulsada por bandas organizadas como el Tren de Aragua y mafias locales, según fuentes oficiales, ha generado un costo económico estimado en 5.000 millones de dólares anuales, afectando tanto a inversiones como a pequeños negocios.
Regiones como Cajamarca y Huánuco enfrentan extorsiones diarias y amenazas crecientes, mientras el Estado, pese a declarar múltiples estados de emergencia, parece incapaz de responder de manera efectiva debido a la corrupción institucional y a leyes que limitan la acción judicial. En este contexto, las rondas campesinas no solo patrullan y resuelven conflictos, sino que simbolizan una vigilancia ciudadana al poder público, exigiendo responsabilidades y llenando vacíos que el gobierno no aborda, aunque no sin controversias sobre sus métodos.
Ola de criminalidad y respuesta fallida del Estado
Las rondas campesinas nacieron en la década de 1970 en Cajamarca como patrullas autónomas para combatir el abigeato y la delincuencia rural. Durante el conflicto armado interno de los años 80 y 90, se convirtieron en aliados clave contra el terrorismo de Sendero Luminoso, ganando reconocimiento legal en 2002. Hoy, en 2025, su mandato se expande hacia la justicia popular, resolviendo conflictos mediante asambleas comunitarias que incluyen castigos como azotes o trabajos forzados, siempre bajo el escrutinio de respetar los derechos humanos, como dictaminó el Tribunal Constitucional en julio de este año. Sin embargo, su rol resalta la inacción del Estado, que ha declarado emergencias repetidas sin resultados tangibles.
El Perú enfrenta ahora una crisis de inseguridad sin precedentes: los homicidios han aumentado un 137% desde 2018, y las extorsiones se multiplicaron por seis entre 2019 y 2024, afectando a uno de cada tres peruanos. Organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua y mafias locales controlan actividades ilegales que van desde la minería ilegal hasta el narcotráfico. El Congreso ha agravado el problema con leyes que limitan la labor de fiscales y jueces, excluyendo la corrupción del marco de crimen organizado y obstaculizando investigaciones. En marzo, el gobierno declaró su tercera emergencia en un año, suspendiendo libertades básicas, pero la corrupción institucional —con 67 congresistas investigados— socava estos esfuerzos. Esta ineficacia ha impulsado a comunidades a autoorganizarse, cuestionando la capacidad del Estado para garantizar seguridad.
Amenazas del crimen organizado y conflictos territoriales
En Cajamarca, las rondas se unieron en agosto de 2025 con empresarios para combatir extorsiones que obligan al cierre de negocios y generan pánico. Fernando Chuquilín, presidente de la Central Única Distrital de Rondas, declaró a Infobae: “El pueblo tiene que defender al pueblo, no queda otra porque las autoridades están durmiendo”. Consignas como “Chapa tu extorsionador y quémalo” reflejan la frustración ante cámaras de vigilancia ineficaces y una policía de inteligencia fallida. Además, las rondas protestan contra la minería ilegal que contamina ríos como el Chinchipe, y exigen el cumplimiento de obras de infraestructura vial. Recientemente, el crimen organizado ha amenazado directamente a estas patrullas, evidenciando el riesgo que asumen frente a la ausencia estatal.
En Huánuco, las rondas alertan sobre la “delincuencia institucional” en entidades públicas, como señaló Santos Saavedra, de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, durante una visita a la localidad de La Morada. Los conflictos incluyen tráfico de tierras en San Pablo de Pillao, con amenazas vinculadas a remanentes de Sendero Luminoso, donde las rondas asumen funciones de seguridad. En junio, la Contraloría detectó deficiencias en los servicios de seguridad municipal, como la ausencia de mapas de delitos y de protocolos claros. Aunque menos visibles que en Cajamarca, estas acciones evidencian cómo las rondas compensan la inacción estatal en zonas rurales.
Aunque efectivas en contextos locales, las rondas enfrentan acusaciones de criminalización y deben respetar los derechos humanos, como reiteró el Tribunal Constitucional. Su ascenso en 2025 expone fallas sistémicas de un Ejecutivo ineficiente. Para una solución sostenible, se vuelve urgente integrar a las rondas al sistema formal, con supervisión, evitando que la justicia popular sustituya a la función pública. Esta vigilancia al poder es esencial para restaurar la confianza ciudadana.
