ProInversión vs. MEF: ¿Quién debería liderar los proyectos de inversión privada?


El Congreso aprobó la Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos. La norma otorgaba a ProInversión un rol más activo, pero el Ejecutivo presentó 21 observaciones y solicitó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúe dirigiendo los proyectos. El Parlamento se allanó solo en algunos puntos.
En un principio, la iniciativa planteaba otorgarle a ProInversión facultades para emitir opinión vinculante sobre la interpretación de la ley y el marco normativo. Sin embargo, el Ejecutivo sostuvo que esa modificación eliminaría las competencias de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP) del MEF. La última versión mantiene al MEF como ente rector y le otorga la potestad exclusiva de establecer lineamientos, evaluar cumplimiento de la política nacional, administrar el registro de contratos y emitir opiniones vinculantes.
Ante el ajuste hecho por el Congreso a pedido del Gobierno, especialistas y técnicos destacan las razones por las que ProInversión es la institución más apta para liderar los proyectos de APP.
Una de las principales ventajas de ProInversión es su especialización técnica y foco en inversión. Su función original fue estructurar, promover y facilitar proyectos de inversión privada. El equipo técnico tiene experiencia en mercados, concesiones, marcos regulatorios y negociación con inversionistas internacionales. Por el contrario, el MEF tiene el rol central de mantener la estabilidad fiscal y presupuestal. Cuando concentra demasiada influencia sobre las APP, los proyectos se perciben como riesgos fiscales y pueden sufrir retrasos, desincentivando a potenciales inversionistas y generando más burocracia debido a su carácter ministerial.
Otro factor es la agilidad frente a la burocracia estatal. ProInversión busca oportunidades, identifica proyectos y atrae capital privado de manera proactiva. La lógica del MEF es restrictiva; controla flujos de gasto, autoriza partidas y limita riesgos fiscales. Aunque esta postura protege las finanzas públicas, aplicada a las APP se traduce en cuellos de botella, burocracia excesiva y proyectos que demoran años en concretarse.
La generación de confianza en el mercado es otro punto clave. Los inversionistas confían más en una agencia especializada que conoce las dinámicas del mercado y entiende los tiempos del sector privado, como ProInversión. La participación excesiva del MEF suele ser interpretada como señal de incertidumbre política y económica, debido a que puede cambiar de postura según coyunturas fiscales o de gobierno. En el actual periodo de gobierno, por ejemplo, se han sucedido siete ministros de Economía, y en años recientes el MEF ha sido utilizado como un ente político más que técnico.
Con el nuevo rol que se buscaba dar a ProInversión, la agencia ya no se habría limitado a estructurar y adjudicar proyectos, sino que también habría velado por la ejecución del contrato, la construcción de la infraestructura y la prestación del servicio. Esto habría revalorizado su papel como articulador entre el Estado, los inversionistas y los consumidores finales, promoviendo inversión y crecimiento en lugar de burocracia o trabas.