Ley de Promoción Agraria regresa para impulsar empleo y agricultura familiar 

El Congreso de la República aprobó la Ley de Promoción Agraria (LPA), una norma diseñada para impulsar la producción del sector agroexportador, que se vio afectado por la pandemia y los desastres naturales. Una ley similar existió hasta el 2020, pero fue derogada a pedido de Francisco Sagasti.

Actualmente, la LPA espera su promulgación por el Ejecutivo y promete mejorar las cifras de exportación y aumentar la oferta de empleo en el sector. La norma prevé una reducción de los impuestos del 29.5% al 15% para las agroexportadoras durante los próximos 10 años.

Algunos sectores han cuestionado la medida, argumentando que podría generar un forado de 1880 millones de soles anuales en la recaudación y afectar a los agricultores familiares. Sin embargo, la ley plantea mantener los beneficios y derechos laborales de los trabajadores y se espera que atraiga inversiones que generen más empleo. Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de los Gremios de Productores Agrarios del Perú, señaló que cuando se derogó la ley en 2020, la mano de obra se vio perjudicada.

La nueva ley también crea un escenario favorable para que las empresas agrarias se formalicen. Exonera del pago del Impuesto a la Renta (IR) a pequeños agricultores con ventas menores a 30 UIT, aproximadamente 165 mil soles, y aplica un IR de 1.5% para ingresos netos mayores a 30 UIT y menores de 150 UIT. Mario Salazar, presidente del Comité de Agroindustrias de ADEX, destacó que el 80% de la cadena agroexportadora está conformada por la agricultura familiar, que sería la principal beneficiada con la ley.

Cabe señalar que con la anterior ley en el 2020, la LPA duplicó el empleo formal en el sector agroexportador y los sueldos llegaron a ser 141% más altos que en el resto del sector agrícola. Entre 2007 y 2019, el número de trabajadores formales pasó de 80 mil a 210 mil, según el Instituto Peruano de Economía. Gracias a estos beneficios, miles de trabajadores rurales se formalizaron y pudieron acceder a servicios de salud, pensiones y al sistema financiero.

La experiencia previa de la LPA demuestra que reducir impuestos, flexibilizar normas y promover la formalización puede dinamizar el sector. La discusión no debería centrarse solo en la recaudación que se deja de percibir, sino en el potencial de ingresos y formalización que la ley puede generar. Apostar por la LPA no es un retroceso ni un beneficio exclusivo para grandes empresas, sino un paso hacia una economía moderna con rostro rural y familiar.