Informalidad laboral muestra brechas crecientes entre regiones
En 2025, el INCORE reporta una reducción de la informalidad laboral en regiones como Arequipa e Ica. Sin embargo, en Piura y Cajamarca los avances siguen siendo limitados debido a la ineficiencia estatal. A pesar de su alto potencial turístico y agroexportador, estas regiones requieren fortalecer su economía para promover la formalización del empleo y dinamizar la inversión privada.
Redacción Vigilante
Publicado 3:27 pm, 29 agosto, 2025
La informalidad laboral en el Perú continúa siendo un desafío estructural, pero el Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2025, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), muestra avances en regiones clave como Arequipa, Ica y Cusco. De acuerdo con los datos del primer trimestre de 2025, la tasa nacional de informalidad se ubica en 70.9%, una leve mejora frente al 72.7% registrado en 2019, antes de la pandemia.
El panorama, sin embargo, es desigual. Mientras el sur exhibe progresos notorios en formalización laboral, el norte y la Amazonía permanecen rezagados, incapaces de recuperar los niveles prepandemia. Esto pone en evidencia la necesidad de políticas públicas más efectivas y de un mayor impulso a la economía, facilitando la iniciativa privada y el progreso de las micro y pequeñas empresas.
El sur se recupera frente a la informalidad
El INCORE 2025 que evalúa la competitividad regional en pilares clave como el mercado laboral, utilizando indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), revela diferencias clara:
- Arequipa, por ejemplo, redujo su informalidad de 68% en 2019 a 55.6% en 2025, gracias al crecimiento del turismo y la minería. Su nivel de formalización pasó de 35% a 38%, alcanzando 6.8 de 10 puntos en el pilar laboral.
- De igual modo, Ica bajó su tasa de informalidad en 11.4%, hasta 57.3%, impulsada por la agroexportación y la reducción de la brecha salarial de género que pasó de 32% a 27%.
- Cusco, con el impulso del turismo sostenible, disminuyó su informalidad de 75% en 2019 a 61.7% en 2025, posicionándose en el quinto lugar del ranking.
- Puno y Tacna, aunque mantienen tasas altas (64.9% y 70.9%, respectivamente), muestran potencial: el primero en la formalización de la producción de quinua y textiles, y el segundo en el comercio transfronterizo con Chile.
Estas mejoras reflejan el dinamismo de la actividad privada, donde las inversiones en capacitación y tecnología, así como la atracción de inversión extranjera, han generado empleos de mejor calidad.
Rezagos en el norte y la Amazonía
En contraste, las regiones del norte y la selva exhiben un menor dinamismo:
- Piura mantiene una informalidad de 64%, con bajo puntaje de 3.6/10, afectada por escasa inversión agroindustrial.
- La Libertad (64%) y Cajamarca (61.5%) han mejorado marginalmente, sin alcanzar niveles prepandemia; esta última ocupa el puesto 22 a nivel nacional.
- Amazonas (60%) y San Martín (64.2–69%) registran informalidad rural superior al 90%.
- Áncash (63.3%) y Lambayeque (66.3%) enfrentan problemas similares, ligados a dependencia agrícola y migración.
Con sus recursos turísticos, agroindustriales y mineros, regiones como Piura, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Ancash y Lambayeque pueden convertirse en motores del crecimiento. El INCORE 2025 confirma que la informalidad laboral es reversible si el Estado mejora su eficiencia y abre mayores espacios a la iniciativa privada.
Limitaciones del Estado y rol de la empresa privada
La principal crítica recae en la ineficacia estatal. Pese a iniciativas como el Observatorio de Formalización Laboral que contribuyen al monitoreo continuo del sector, la burocracia y la débil gestión pública en zonas rurales han limitado el impacto de esta herramienta. Aunque la informalidad retrocedió desde el pico de 76% durante la pandemia, la reducción anual es lenta, de apenas 1 a 3 puntos porcentuales.
Expertos advierten que la tolerancia estatal perpetúa la pobreza al no atender las causas estructurales: baja educación, altos costos de formalización y falta de incentivos claros. En lugar de subsidios transitorios, el Estado debería simplificar regulaciones y generar un marco estable para que el sector privado lidere el cambio.
El futuro depende de consolidar una economía que combine competitividad con equidad. La Organización Internacional del Trabajo respalda este enfoque, recordando que en países con mayor impulso en el sector privado genera cerca del 80% del empleo formal.