Censurado ayer y ministro hoy, Santiváñez resucita como titular de Justicia


El último sábado 23 de agosto, la mandataria Dina Boluarte nombró a Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia, apenas cinco meses después de que fuera censurado por el Congreso debido a su incapacidad como ministro del Interior en marzo de 2025. Tras aquella censura, la jefa de Estado creó un nuevo cargo para él: la oficina de Control y Monitoreo Gubernamental, que asumió de inmediato.
Su retorno al gabinete genera controversia. En mayo de 2024, cuando fue designado al Ministerio del Interior, Santiváñez anunció como su principal misión la captura de Vladimir Cerrón, pero nada cambió: el líder de Perú Libre se burló de sus acciones y continúa prófugo. Durante su gestión, además, la inseguridad se disparó; los delitos como extorsión, sicariato y asaltos aumentaron, mientras las unidades especiales de la Policía Nacional y otras fuerzas del orden no lograron frenar la tendencia.
A nivel nacional, desde enero hasta julio de este año, se reportaron 15 mil 989 denuncias por extorsión, un incremento del 28 % en comparación con el mismo período de 2024. La modalidad de extorsión “gota a gota” ha escalado a cerca de 2 mil casos mensuales, según las cifras oficiales de la PNP y Ministerio del Interior.
Si bien este año aún no se han reportado estadísticas oficiales para sicariato, asaltos o atentados a nivel nacional, el contexto delictivo sigue siendo grave. En el Callao, por ejemplo, entre enero y julio se registraron 1 mil 917 hurtos, 1 mil 034 robos y 112 homicidios con arma de fuego. Las cifras reflejan una escalada sostenida de la criminalidad: el 2025 es hasta ahora uno de los años más violentos de la última década.
Censurado e impedido
A los cuestionamientos por su ineficacia se suman acusaciones graves contra Santiváñez, quien enfrenta investigaciones por presunto abuso de autoridad, corrupción y por intentar intimidar al periodista Marco Sifuentes. En junio de este año, la Corte Suprema le impuso 18 meses de impedimento de salida del país en el marco de un proceso por presunto tráfico de influencias agravado, al supuestamente haber hecho uso de su cargo y contactos para favorecer intereses particulares mientras se desempeñaba como ministro del Interior.
Fuentes de Palacio indican que su fidelidad a Boluarte fue clave en el nuevo nombramiento, ya que es considerado uno de los pocos funcionarios en los que la mandataria confía plenamente. Durante su gestión en Interior se dedicó a defenderla públicamente, y ahora asume Justicia en un contexto donde el Ejecutivo promueve debates como la salida de Perú de tribunales internacionales y la pena de muerte.
Pese a los reparos, el flamante ministro de Justicia ha recibido apoyo de ciertos sectores políticos y mediáticos. Este respaldo se consolidó tras sus declaraciones del lunes 25, cuando afirmó que asumió el Minjus para “limpiar” la institución de los llamados “caviares”. Por ejemplo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declaró durante un acto oficial que “el ministro Santiváñez… nos ayudó bastante cuando era ministro del Interior. Pero que nos ayude, porque lo que hemos visto es que no hay voluntad”.
Este nombramiento puede interpretarse como una afrenta al Congreso, que lo censuró apenas meses atrás, y como una señal de que Boluarte prioriza la lealtad sobre la capacidad. Santiváñez no ha demostrado resultados efectivos ni en Interior ni en su trayectoria general, lo que lo coloca en un perfil poco apropiado para encabezar Justicia. Mientras el país exige soluciones reales ante una crisis de seguridad cada vez más profunda, la pregunta persiste: ¿Boluarte realmente cree que esta vez será distinto?