Proponen 12 ejes clave en la nueva Ley MAPE para frenar la minería informal

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, adelantó que la propuesta de la Ley de Formalización y Promoción de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE) incluirá 12 puntos clave. De esta manera, señaló que la nueva norma —que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), vigente hasta fin de año— tiene como finalidad combatir la minería ilegal y acelerar la formalización de pequeños y artesanales productores, recogiendo los aportes de los gremios, trabajadores no formales y distintos actores del sector.

Hasta el momento se han confirmado siete puntos clave, enfocados en el fortalecimiento de la trazabilidad, cambios en el régimen de concesiones, incentivos a la formalización y mecanismos de apoyo financiero. Aunque el Ejecutivo asegura que el texto final está culminado, la congresista Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, señaló que la propuesta aún se encuentra en revisión, pero resaltó el avance en el consenso alcanzado con los diferentes actores de la actividad minera.

Los ejes de la nueva propuesta de Ley MAPE:

• El primer eje de la propuesta del Ejecutivo es la creación de un Sistema de Trazabilidad de Minerales, articulado con el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Sipmma). Esta plataforma registrará en tiempo real cada transacción de oro y otros minerales desde la extracción hasta la venta final, asegurando que todas las operaciones sean legales y estén conectadas con entidades como Minem, Ingemmet, Reniec, Sunat y Sucamec. Según Gonzales, contar con trazabilidad en tiempo real es clave para evitar la dispersión de información que afectó al Reinfo.
• El segundo punto contempla el control de insumos, explosivos y químicos fiscalizados. El nuevo sistema rastreará estos materiales con el objetivo de cerrar espacios de desvío hacia la minería ilegal, reforzando la interoperabilidad con entidades como Sunat y Sucamec.
• En tercer lugar, se plantean cambios en el régimen de concesiones para enfrentar la cesión irregular de derechos a terceros sin contratos formales ni control estatal. Entre las medidas se incluyen el incremento de penalidades según estrato, la revisión de plazos de producción mínima, la redefinición de causales de caducidad y el derecho de preferencia para pequeños y artesanales en concesiones extinguidas. Además, el Minem podrá declarar zonas de no admisión de petitorios para priorizar a productores que cumplan con los requisitos de formalización.
• El cuarto eje se centra en los incentivos a la formalización. Los mineros que suscriban contratos de explotación accederán a beneficios económicos y tributarios, entre ellos la exoneración del pago de vigencia y de penalidades, siempre que los contratos tengan una vigencia no menor a cinco años.
• En quinto lugar, se propone la reglamentación del fondo minero de apoyo, que ya existe pero no ha sido implementado. Este mecanismo financiará proyectos orientados al crecimiento empresarial de la pequeña minería y la minería artesanal, incluyendo asistencia técnica, acceso a créditos y mejoras tecnológicas.
• El sexto punto está vinculado a la interoperabilidad de datos. La Ley MAPE reforzará el rol del Sipmma como base de información consolidada, integrando los registros de diversas instituciones para garantizar un sistema de fiscalización más eficiente.
• El séptimo aspecto confirmado corresponde a la fiscalización de la cadena de valor minera. Se busca integrar los controles desde la extracción hasta la comercialización final, con el fin de cerrar los vacíos que permitieron fraudes en el Reinfo. Este enfoque permitirá auditorías más rápidas y sanciones más efectivas.

Además de estos siete ejes, según el diario Gestión, la propuesta incluye medidas de promoción y asistencia técnica a los pequeños productores, mecanismos de inclusión financiera a través del Banco de la Nación, y procesos de compra y liquidación que aseguren transparencia y trazabilidad en la venta de minerales.

En paralelo, la mesa técnica ha debatido la posibilidad de incorporar iniciativas adicionales, como un régimen fiscal especial y simplificado, un nuevo esquema para el inicio y reinicio de actividades, instrumentos de gestión ambiental diferenciados, una ley específica para la minería aluvial y la creación de una dirección general de MAPE.

Programa MANA: iniciativa técnica contra la minería ilegal en Perú

Por su parte, la Asociación de Contribuyentes del Perú ha elaborado el Programa MANA (Minería Alternativa en Nuevas Áreas), una iniciativa técnica para combatir uno de los mayores obstáculos para la formalización en la pequeña minería y la minería artesanal: la superposición de suelos. Actualmente, solo el 7 % de los mineros inscritos en el REINFO trabaja en concesiones propias, mientras que el 93 % opera sobre concesiones ya otorgadas, generando conflictos legales y económicos. Esta situación se agrava porque apenas el 1,5 % del territorio nacional está en operación minera activa, debido a los altos costos de exploración y la complejidad de los procesos administrativos, lo que empuja a muchos a instalarse en zonas ya exploradas sin contar con derechos legales, perpetuando un modelo disfuncional.

Frente a esta situación, el Programa MANA propone habilitar nuevas zonas mineras fuera de las concesiones actuales, donde los mineros informales —que hoy trabajan sobre una concesión formal— puedan operar legalmente, con apoyo técnico y financiero. Para ello, se plantea como eje central la creación del Fondo Nacional de Exploración Básica (FONEXPLO), que cubriría hasta el 70% de los costos de exploración inicial y se financiaría con recursos del canon minero, cooperación internacional y fondos de responsabilidad social.

Entre sus principales medidas destacan:

• Eliminación del REINFO, considerado ineficaz para la formalización.
• Mapeo geológico con tecnología satelital e inteligencia artificial, a cargo del Ingemmet, para identificar zonas aptas de explotación artesanal.
• Período transitorio que permita a los mineros seguir operando donde están si tienen contratos vigentes, con migración gradual a las nuevas áreas.
• Simplificación de trámites de exploración y acompañamiento técnico mediante ventanillas únicas.
• Entrega de derechos temporales de explotación exclusivos, sujetos a estándares ambientales, técnicos y tributarios.

El objetivo, según la asociación, no es ampliar la minería artesanal, sino ordenar la existente, reducir los conflictos y romper el círculo de la informalidad, ofreciendo alternativas legales y sostenibles a quienes hoy operan y generan empleo en ingresos, pero en condiciones precarias.

Aunque la propuesta de la Ley MAPE del Ejecutivo y el Programa MANA convergen en la eliminación del cuestionado Reinfo, la habilitación de nuevas zonas controladas para el desarrollo de la minería artesanal, el acceso a fondos de apoyo financiero y asistencia técnica, así como la simplificación de trámites mediante herramientas digitales y tecnológicas, alternativas necesarias para ordenar la actividad minería; la primera solo se enfoca en reforzar la trazabilidad y fiscalización, mientras que la iniciativa de la Asociación de Contribuyentes busca resolver la superposición de suelos, que genera la mayoría de conflictos y que el Estado continúa sin atender.