Fecha: 19 agosto, 2025 Tipo de cambio : s/ 3.549

¿La extinción de dominio es una herramienta contra el crimen o un arma de abuso?

El mecanismo de extinción de dominio fue creado para golpear al crimen organizado incautando bienes de origen sospechoso, pero su aplicación ha generado cuestionamientos por vulnerar derechos fundamentales y abrir la puerta a posibles abusos, como se observa en el caso TAMSHI en Loreto.
Redacción Vigilante Publicado 4:15 pm, 19 agosto, 2025

La extinción de dominio fue presentada como un mecanismo para golpear donde más duele al crimen organizado: el bolsillo. Desde 2018, con el Decreto Legislativo 1373, el Estado puede incautar bienes presuntamente adquiridos o utilizados de forma ilícita, sin necesidad de una condena penal firme contra sus propietarios. En el papel, se trataba de un paso clave contra la corrupción, el narcotráfico y otros delitos graves. En la práctica, ha abierto una peligrosa puerta a la arbitrariedad.

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de encender las alarmas. En una reciente sentencia declaró inconstitucionales varios artículos de la norma, advirtiendo que la confiscación de bienes sin sentencia firme vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. La Defensoría del Pueblo también alertó que la norma podía convertirse en un arma peligrosa contra ciudadanos y empresas sin pruebas concluyentes de culpabilidad.

La persecución disfrazada de justicia

Un ejemplo emblemático es el de la empresa TAMSHI, instalada en Loreto y dedicada desde hace más de una década a la producción de cacao. Sus terrenos fueron clasificados como agrícolas por el propio Estado en 1997. Sin embargo, desde hace más de 10 años es blanco de la ONG Kené, liderada por la ambientalista Lucila Pautrat, que exige aplicar la extinción de dominio contra la compañía bajo acusaciones de delitos ambientales.

Este enfrentamiento muestra cómo una figura legal diseñada para cortar las finanzas del crimen puede terminar siendo usada en disputas ideológicas o políticas, dejando a las empresas expuestas a la pérdida arbitraria de su patrimonio.

Entre el crimen y la arbitrariedad

La paradoja es evidente. La extinción de dominio se creó para debilitar al crimen organizado y recuperar activos ilícitos, pero su diseño defectuoso permite que se utilice como una herramienta de presión contra personas y compañías que no han sido condenadas. En el mejor de los casos, genera trabas legales; en el peor, destruye proyectos productivos legítimos.

El reto es encontrar un punto medio. La lucha contra la delincuencia necesita instrumentos eficaces, pero no a costa de convertir al ciudadano común en una víctima más del sistema. La pregunta clave sigue en el aire: ¿será la extinción de dominio un arma contra el crimen o un nuevo mecanismo de abuso del poder estatal?

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