Oncosalud falla en la promesa de proteger a sus asegurados

Oncosalud, a través de su seguro oncológico, que prometía cobertura total para pacientes con cáncer, enfrenta críticas severas por negar medicamentos esenciales, y malas prácticas en general, mientras la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) —el ente supervisor— es cuestionado por su limitada capacidad para proteger los derechos de los asegurados. La crisis revela fallas graves en la idoneidad de la aseguradora, para una correcta prestación de sus servicios en materia de salud y expone responsabilidades tanto de la aseguradora como del Estado.

La doble lucha contra el cáncer y la indiferencia de Oncosalud

El caso de Adriana del Castillo se ha convertido en el símbolo de la crisis en los seguros oncológicos privados. En marzo de 2024, tras un chequeo de rutina, recibió el diagnóstico de anemia que destapó un cáncer metastásico avanzado. Confiaba en Oncosalud porque había prometido a su madre, también paciente oncológica, que cuidaría siempre de su salud.

Gracias a una cirugía —en la que perdió el 70% del páncreas y el 50% del hígado— y a la quimioterapia con Oxiplatino, Adriana logró frenar el avance de la enfermedad, sorprendiendo incluso a sus médicos por su recuperación. “Pocos pacientes logran revertir una situación tan grave”, le dijeron. Pero la esperanza se quebró cuando Oncosalud decidió retirar de su lista de cobertura el medicamento Olaparib, prescrito por su oncólogo, sin avisarle ni darle explicaciones.

“Ahí me di cuenta, junto a mi esposo, de que esto no era solo nuestro problema. En Oncosalud te venden la promesa de acompañarte en todo el proceso y tener el mejor plan posible, pero el contrato se firma por adhesión, no puedes negociar nada, y no explican ni justifican las modificaciones de la lista de medicamentos”, denuncia del Castillo.

Adriana inició un proceso ante SUSALUD para exigir que Oncosalud cumpla lo pactado, pero se encontró con una institución débil: en la conciliación, los representantes del seguro acudieron solo “para hacer acto de presencia” y, aunque la entidad resolvió inicialmente a su favor, la sanción no obliga a que le devuelvan la cobertura del medicamento. “Es una multa, pero no una obligación real para que cumplan”, lamenta.

Hoy, su historia no es solo la de una paciente, sino la de una portavoz de cientos de asegurados que enfrentan negativas y promesas incumplidas en medio de la lucha por su vida.

Denuncias contra Oncosalud y limitaciones de SUSALUD

El caso de Adriana no es aislado. Oncosalud enfrenta actualmente 13 denuncias ante SUSALUD por presuntas malas prácticas como cobros indebidos, modificaciones no notificadas en las tarifas de sus planes y negativa a brindar coberturas previamente ofrecidas, entre otros.

A ello se suma que, entre 2018 y 2025, la aseguradora ha acumulado sanciones por un total de 167.5 UIT —aproximadamente S/ 896,125—, de las cuales solo ha pagado S/ 37,450. El resto ha sido judicializado, con multas impugnadas que alcanzan los S/ 508,250. En 2024, además, Oncosalud registró más de 10 mil reclamos de usuarios, el doble que EsSalud y el SIS, convirtiéndose en la aseguradora con más quejas del sistema.

SUSALUD, como entidad competente, tiene la facultad de sancionar por incumplimientos y exigir a las aseguradoras que cumplan con sus obligaciones. Sin embargo, su actuación ha sido cuestionada por su debilidad frente a empresas que impugnan resoluciones o que se limitan a pagar solo una fracción de las multas.

El procedimiento administrativo cuenta con dos instancias, pero las decisiones de segunda instancia muchas veces son cuestionadas ante el Poder Judicial. Esto ha permitido que varias de las sanciones contra Oncosalud sean apeladas ante tribunales judiciales, dilatando el cumplimiento efectivo de las resoluciones. En la práctica, mientras los procesos avanzan lentamente, pacientes como Adriana siguen esperando un sistema que realmente los proteja.

Contradicción normativa y necesidad de reformas

La Ley Nacional del Cáncer y la Ley Marco de Aseguramiento Universal en salud,  establecen que las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) deben ofrecer cobertura integral según guías clínicas internacionales. Sin embargo, la resistencia del sector privado, evidenciada en acciones legales para modificar esta norma, según reportes de SUSALUD, y la permisividad en la aplicación de sanciones muestran un sistema que no está alineado con los derechos del paciente.

El caso de Adriana del Castillo constituye un claro incumplimiento de la ley. Ella misma explica que, tras revisar otras denuncias y testimonios surgidos a raíz de su experiencia, ha identificado que algunas IAFAS estarían promoviendo cambios legales para reducir la cobertura de medicamentos oncológicos esenciales. “Los medicamentos más importantes los estarían retirando y eso es básicamente incumplir el fin de la ley. Pareciera que aquí el Estado no llega… como si fueran intocables”, denuncia.

Su reclamo apunta a que no solo se respete la ley, sino que se cumpla lo prometido en la publicidad y contratos de los seguros oncológicos. Lo que está en juego no es únicamente un derecho contractual, sino la vida de los pacientes que dependen de esos tratamientos.