Más de 900 policías detenidos en 2025 por supuesta participación en delitos

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha registrado un total de 993 detenciones de personal policial entre enero y agosto del presente año, en casos que abarcan desde violencia contra la mujer hasta delitos relacionados con la administración pública, el patrimonio, la seguridad pública y la libertad, entre otros. En este mismo periodo, se han formalizado 1,382 denuncias contra agentes policiales, lo que refleja la gravedad de la situación.

Del total de detenidos, 222 agentes están vinculados a casos de violencia contra la mujer, seguidos por 191 por delitos contra la administración pública, 181 relacionados con la vida y el cuerpo, 151 por temas de seguridad pública, 121 contra el patrimonio y 54 por infracciones contra la libertad individual. En paralelo, 956 efectivos fueron retirados en primera instancia, y 532 han sido dados de baja de forma definitiva tras concluir los procesos administrativos correspondientes.

Otros casos recientes que ilustran la magnitud del problema que enfrenta la PNP, incluyen la detención de dos policías implicados en el secuestro de un empresario colombiano, rescatado por la División Antisecuestros de la Dirincri, y la captura de ocho policías activos y un coronel en retiro acusados de integrar una organización criminal dedicada a exigir coimas a detenidos para liberarlos. Además, se han señalado vínculos de policías con el narcotráfico y tráfico ilícito de drogas, incluyendo operaciones falsas y encubrimientos, que han motivado investigaciones adicionales.

Cabe señalar que en 2023, la Inspectoría General de la PNP no difundió un consolidado oficial de detenciones, aunque se conoció que hubo más de 500 investigaciones por corrupción y más de mil expulsiones por faltas graves. Asimismo, en 2024, tampoco se publicaron cifras anuales completas, pero el primer semestre cerró con 170 efectivos arrestados, principalmente por el presunto delito de cohecho —que implica la solicitud, ofrecimiento o aceptación de dinero o dádivas por parte de un funcionario público, como el policía, a cambio de realizar, omitir o acelerar un trámite parte de sus funciones—.

Este escenario plantea desafíos estructurales para la PNP. En ese sentido, existe un consenso sobre la necesidad de reformas profundas, incluyendo un mejor filtro en las escuelas policiales para evitar que malos elementos ingresen a la institución y el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mecanismos de rendición de cuentas. Además, los expertos señalan que la falta de confianza en la PNP, que en 2025 apenas alcanza el 27%, limita la efectividad institucional y debilita el vínculo con la sociedad; por ello, es importante que una posible reforma incluya la participación ciudadana, el control civil externo y la integración multisectorial.

En esa línea, una acción importante por parte del Ministerio del Interior y la PNP ha sido la creación de unidades especializadas como la Brigada Especial contra el Crimen (BRECC) en San Juan de Lurigancho para enfrentar delitos de alto impacto, como sicariato, secuestro y crimen organizado, con personal especializado e infraestructura adecuada. Asimismo, el papel de la Inspectoría es fundamental para asegurar la ética y disciplina en la institución.