El feudo notarial en Perú encarece trámites y bloquea la formalización

El sistema notarial peruano opera como un feudo legalizado: cerrado, caro y resistente a cualquier intento de modernización. Treinta años después de la Ley del Notariado de 1992, el país sigue atado a un tope rígido de 200 notarías en Lima y 40 en cada capital departamental. El Ministerio de Justicia reconoce que, en 2025, apenas hay 580 notarios activos de 1 014 plazas autorizadas. Esto significa uno por cada 59 000 habitantes, una proporción casi tres veces peor que el estándar de la OCDE. La consecuencia es predecible: poca oferta, precios altos y un gremio blindado por la ley.

La estructura de acceso a la función notarial es otro muro. Los concursos públicos han sido cuestionados por su opacidad y por beneficiar a redes familiares que se heredan las plazas. El precio de los servicios es “libre” en el papel, pero sin mecanismos de comparación o control, el usuario se enfrenta a un mercado donde el notario fija su tarifa a discreción. La digitalización avanza a paso lento y con resistencia interna: la mayor parte de los trámites sigue obligando a peregrinar con documentos físicos, sellos y cintillos que alimentan el negocio.

El costo para la ciudadanía es tangible. Abrir una empresa en el Perú exige ocho trámites, 26 días y un gasto equivalente al 9,4 % del ingreso per cápita, según Doing Business 2020. Tres de esos pasos —minuta, escritura y sellado de libros— dependen exclusivamente del notario y cuestan entre S/ 700 y S/ 1 100, una cifra que para una microempresa representa casi un mes de utilidades. En el registro de propiedad, las tarifas pueden multiplicarse por cinco de una región a otra, sin justificación técnica ni supervisión real. Incluso herramientas como el SID-Sunarp, que permiten presentar documentos en línea, son usadas solo en una fracción de los casos.

El Estado ha sabido del problema por más de una década. En 2014, Indecopi recomendó liberalizar el ingreso a la función notarial, eliminar el sistema de cupos y reemplazarlo por un acceso libre con requisitos objetivos, examen de conocimientos y evaluación psicológica. Sus proyecciones indicaban que cada nuevo notario podría reducir precios entre 1 % y 7 %. Pero las recomendaciones siguen archivadas. En 2018 se aprobó la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), diseñada para constituir empresas en línea y sin notario, pero su escasa promoción y la desconfianza hacia lo digital la han dejado relegada, mientras la mayoría de emprendedores continúa atrapada en un circuito presencial, costoso y lento.

El modelo no sobrevive por inercia: se sostiene en un marco legal hecho a medida de un gremio que resiste cualquier apertura. Y mientras las reformas se postergan, el precio lo pagan los ciudadanos, las empresas y una economía que intenta formalizarse con un candado en la puerta.