Cusco en el mensaje de Boluarte: anuncios en abundancia, expectativas escasas


La presidenta Dina Boluarte dedicó varios pasajes a la región Cusco durante su último mensaje a la Nación el 28 de julio, la destacó como uno de los principales ejes de inversión pública y privada. Anunció la continuidad de la ampliación de la producción de agua en seis distritos, con una inversión superior a 298 millones de soles, destinado a abastecer a más de 450 mil personas. También mencionó la elaboración de expedientes técnicos para nuevos proyectos de agua y saneamiento, y una iniciativa de drenaje pluvial sin mayores detalles.
En el sector educativo, Boluarte anunció la construcción de un nuevo Colegio de Alto Rendimiento (COAR) — ya existe uno ubicado en la carretera Cusco-Abancay—, así como la entrega de Escuelas Bicentenario a fines de 2025, aunque sin precisar el número de estos colegios para Cusco. Y prevé para el 2026 el inicio de las obras de otras 17 instituciones educativas. En conectividad digital, planteó mejorar la velocidad de la banda ancha y comenzar la implementación de proyectos de “última milla” para dotar de internet fijo a escuelas y centros de salud.
En salud, el anuncio más relevante fue sobre el Hospital Antonio Lorena, una obra paralizada por más de 15 años. Según Boluarte, 1,500 personas trabajan actualmente en su construcción y se prevé su entrega para inicios del 2026. Sin embargo, como en otros casos, la mandataria no especificó los avances de presupuesto, ejecución ni los mecanismos de fiscalización, especialmente cuando existen antecedentes de corrupción e irregularidades administrativas en el proyecto.
Infraestructura, energía y justicia: compromisos sin hoja de ruta clara
En el ámbito energético, Boluarte confirmó que el lote 58 de gas natural entrará en producción en el 2026. Además, se anunciaron 26 proyectos de electrificación rural en 14 regiones, incluida Cusco, con una inversión total superior a 535 millones de soles.
En infraestructura vial, prometió la mejora de ocho carreteras, entre ellas el tramo Santa María – Santa Teresa – Machu Picchu, y la construcción de un túnel regional que beneficiaría a más de 465 mil personas. También mencionó los corredores viales 4 y 5, que conectan Cusco con Madre de Dios, Apurímac y Ayacucho. La región formará parte del programa “Proregión 2”, que se desarrollará parcialmente con endeudamiento externo.
No obstante, resultó llamativa la omisión del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que sí fue mencionado en el mensaje presidencial del año anterior. Su exclusión deja interrogantes sobre el estado actual de una de las obras más esperadas por la región.
En justicia y seguridad, Boluarte informó que Cusco fue parte de las 18 Caravanas de Justicia implementadas desde el 2024, que ofrecieron servicios legales gratuitos a la ciudadanía. Además, anunció la construcción de un nuevo penal en Colquepata, con capacidad para 2,520 internos y entrega prevista para julio de 2029.
Turismo, patrimonio y medio ambiente: menciones simbólicas y escasa claridad operativa
En cuanto a medio ambiente, Boluarte informó la implementación de estaciones de monitoreo en Espinar y Chumbivilcas, como parte de una inversión nacional superior a 21 millones de soles. En el sector turismo, la presidenta presentó una propuesta de asociación público-privada para el Parque Arqueológico de Choquequirao, con la intención de mejorar el acceso entre Cusco y Apurímac y ampliar la oferta turística.
Sobre Machu Picchu, el mensaje fue más simbólico que concreto. Boluarte hizo una breve alusión al sitio, destacando de forma poética el carácter resiliente del pueblo peruano, en comparación con construcciones como Sacsayhuamán, Kuélap y Choquequirao. El único anuncio concreto relacionado con la maravilla del mundo fue la implementación de la plataforma digital tuboleto.cultura.pe, orientada a garantizar un acceso seguro, eliminar fraudes en la venta de entradas y promover un turismo responsable. A pesar de su relevancia, no se explicó cómo esta herramienta responderá a las tensiones existentes entre el Estado, operadores turísticos y comunidades locales.