Gas Natural: masificación en espera y el rol de Cálidda en nuevas concesiones

El acceso al gas natural en el Perú ha sido, durante años, una promesa de inclusión energética y desarrollo sostenible. A pesar de los avances normativos recientes, como la promulgación de la Ley de Masificación del Gas Natural el pasado 30 de abril, aún queda pendiente una pieza clave para su implementación: el reglamento por parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). A esto se suma la expansión nacional de Cálidda, la principal distribuidora de gas en Lima y Callao, que ahora se proyecta como actor dominante en siete nuevas regiones del país.

La Ley de Masificación del Gas Natural tiene como objetivo central cerrar brechas energéticas, proteger el medio ambiente y fomentar el acceso descentralizado al gas natural. Entre sus disposiciones más relevantes se encuentra la creación de un mecanismo de compensación que permitirá nivelar los precios para usuarios regulados que consuman hasta 50,000 metros cúbicos mensuales, promoviendo así la equidad en el acceso al servicio.

No obstante, a más de 90 días de su promulgación, el reglamento técnico sigue sin publicarse, pese a que la ley preveía un plazo para ello. Esta ausencia impide que las medidas se concreten en acciones operativas, generando incertidumbre respecto a su implementación. Sin este reglamento, no es posible activar los subsidios, establecer responsabilidades claras ni definir el rol de la nueva entidad encargada de gestionar la capacidad de almacenamiento de combustibles.

Cálidda: expansión nacional y dudas sobre la transparencia

Mientras tanto, la empresa Cálidda ha sido designada para asumir la distribución de gas natural en las regiones de Huancavelica, Puno, Cusco, Ucayali, Ayacucho, Apurímac y Junín. Esta expansión se enmarca en un proyecto de masificación que fue anunciado oficialmente en el mensaje presidencial del 28 de julio, y que contempla una inversión superior a los US$ 550 millones.

Según lo prometido por la presidenta Dina Boluarte, se prevé que más de 300 mil hogares accedan a una fuente de energía limpia, beneficiando a alrededor de 1,5 millones de peruanos. Además, se estima que este esfuerzo genere 9,000 empleos y un impacto económico de S/2.100 millones en el PBI nacional, de acuerdo con cifras de Infobae.

Sin embargo, esta adjudicación ha levantado cuestionamientos. A diferencia de lo estipulado como práctica estándar —la licitación pública—, la asignación a Cálidda no habría seguido este procedimiento competitivo. Se argumenta que las condiciones en las licitaciones anteriores eran poco atractivas para el capital privado, debido a la escasa demanda industrial y energética en el sur del país. A cambio de asumir este reto, Cálidda habría solicitado la ampliación de su concesión actual por 10 años más, lo que extendería su contrato original (iniciado en 2000 por 33 años) hasta 2043.

Concentración de mercado y rentabilidad cuestionada

Actualmente, el 97% del mercado de distribución de gas natural en el Perú está en manos de dos empresas colombianas: PROMIGAS y el Grupo Energía Bogotá, ambas accionistas de Cálidda. Esta concentración plantea serias preocupaciones sobre la competencia y la posibilidad de monopolios encubiertos.

Según análisis preliminares, de aprobarse la ampliación del contrato solicitada por Cálidda, la empresa podría obtener beneficios extraordinarios por un valor estimado de US$ 1,000 millones, invirtiendo solo US$ 200 millones en infraestructura. Esta proporción —cinco veces más en ganancias que en inversión— ha sido calificada por algunos sectores como desproporcionada y poco transparente.

El proceso de masificación del gas natural en el Perú atraviesa un momento decisivo. Por un lado, existe un marco legal que busca fomentar el acceso equitativo al gas; por otro, persisten demoras regulatorias que limitan su efectividad. Al mismo tiempo, la expansión de un actor dominante como Cálidda en nuevas regiones sin licitación abre interrogantes sobre la transparencia y la competencia en el sector.

La promulgación del reglamento pendiente será clave no solo para garantizar la implementación efectiva de la ley, sino también para asegurar que los beneficios de la masificación del gas lleguen realmente a quienes más lo necesitan, sin generar distorsiones en el mercado ni concentraciones de poder empresarial que perjudiquen el interés público.