Polémica por Ley de Amnistía para Fuerzas Armadas: ¿Qué puede cambiar en la justicia peruana?

El reciente respaldo de la presidenta Dina Boluarte a la Ley que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa involucrados en la lucha contra el terrorismo —ocurrido entre 1980 y 2000—, ha agudizado el debate nacional al respecto. El proyecto ya contaba con el apoyo de diversas bancadas del Congreso, que aprobaron la medida con 16 votos a favor, frente a 11 en contra.

La amnistía, a diferencia del indulto, implica el perdón de ciertos delitos y la extinción total de la responsabilidad penal del beneficiado. La norma buscaría cerrar los procesos judiciales o liberar a quienes han servido en las instituciones de defensa nacional en contextos extremadamente difíciles durante la época del terrorismo. Aplica a denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, y en caso de adultos mayores de 70 años, aplica la amnistía, aun cuando la sentencia sea definitiva.

Esto responde al reclamo de numerosos miembros en actividad y retirados de las Fuerzas Armadas, quienes consideran que muchos de los procesos legales abiertos por hechos ocurridos hace más de treinta años prolongan una persecución judicial contra militares y policías que enfrentaron al terrorismo en condiciones adversas. Para estos sectores, la amnistía es un acto de justicia y reconocimiento a quienes defendieron a la Nación durante los años más oscuros.

Desafíos en la aplicación judicial

La aplicación de la ley dependerá, caso por caso, y quedará a criterio y decisión de los jueces. Los procesados que se consideren beneficiados con la norma, deberan solicitar la aplicación de la misma en sus casos. Los Jueces podrán aplicar o no la norma según los principios de control difuso y control de convencionalidad, es decir, si la consideran alineada con la Constitución y tratados internacionales suscritos por el Perú. No sería la primera vez que una ley aprobada por el Congreso enfrenta dificultades para su ejecución en tribunales —como en el caso de las propuestas para aplicar la pena de muerte para violadores—, lo que refleja la compleja relación entre las normas nacionales y los compromisos globales de derechos humanos.

Un claro ejemplo se da con la aplicación de la ley que prescribe delitos de lesa humanidad —promulgada en 2024—, que ha sido inaplicada en la práctica por jueces en casi 50 casos. Esta ley tuvo cuestionamientos similares a los que actualmente se plantean para la Ley de Amnistía. En estos casos, los beneficiarios pidieron que se les aplique la prescripción en los procesos penales que se seguían en su contra, pero los tribunales no las aplicaron pues consideraron que era ilegal y que contravienen compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado Peruano.

La aprobación de la Ley de Amnistía ha generado un rechazo inmediato por parte de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, que la consideran un atentado contra la justicia y el derecho de las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha ordenado al Estado peruano suspender el trámite legislativo y abstenerse de aplicar la ley, advirtiendo sobre el grave riesgo de impunidad en el país, especialmente en casos como Barrios Altos y La Cantuta.

La respuesta por parte de sectores políticos nacionales tampoco se hizo esperar. La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que desde su gobierno no permitirán la intervención de la Corte Interamericana, pues a su parecer “pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los Comités de Autodefensa”. Se alinearon a los cuestionamientos de la jefa de Estado tanto el Ministerio de Justicia y la Cancillería.

Desde el Congreso, la primera reacción frente al pronunciamiento de la Corte IDH provino del propio presidente del Legislativo, José Jerí, al referirse con cautela que “si el país hace lo que tiene que hacer para dar seguridad y tranquilidad, habrá que hacerlo”, en referencia a la idea de retirar al Perú de la jurisdicción de la Corte.

Por otro lado, en las provincias y regiones golpeadas por la violencia de los años 80 y 90, la aplicación de la ley es percibida de manera diversa. Para muchas familias, la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía fue la única barrera ante el terrorismo. Por ello, la amnistía es vista por amplios sectores regionales como una medida de reparación moral y legal hacia quienes arriesgaron la vida defendiendo la paz.