Educación en ruinas: promesas millonarias, aulas agrietadas

En su discurso del 28 de julio de 2024, la presidenta Dina Boluarte anunció una ambiciosa agenda educativa: creación de 11 nuevas universidades públicas, entrega de 20 mil becas Beca 18, implementación de 26 Escuelas Modulares Integrales, construcción de 75 Escuelas Bicentenario y una inversión de más de S/ 7 mil millones en infraestructura educativa. Además, prometió la edificación de nuevos Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en Apurímac y otras regiones. Sin embargo, a casi un año de esas promesas, la realidad dista mucho del discurso oficial. La infraestructura educativa sigue en crisis y los avances son limitados. Y en muchos casos esos progresos son gracias a la modalidad “gobierno a gobierno”, un mecanismo que permite sortear la maraña burocrática que frena las obras públicas.

Dicha modalidad reduce los riesgos de corrupción mediante contratos con estándares internacionales, y garantiza eficiencia en tiempos, costos y calidad. Aunque la norma señala que sólo debe aplicarse en situaciones excepcionales, parece que en la actualidad ya no es una alternativa, pues es la única vía efectiva para transformar la infraestructura pública en el país. El hecho de que solo mediante este esquema se haya logrado siquiera iniciar una obra demuestra que el aparato estatal —bajo el liderazgo de Boluarte— no está preparado ni dispuesto a ejecutar proyectos complejos de manera eficiente por la vía tradicional.

Brechas gigantes y ejecución desigual

La brecha en infraestructura educativa asciende actualmente a más de S/ 158 millones, concentrándose especialmente en zonas rurales, aunque Lima (27,3%), Puno (24,3%) y Cusco (20,1%) lideran en número de colegios en estado crítico, según un informe de ComexPerú basado en datos del Ministerio de Educación. A nivel nacional, se estima que el 16,2% de los colegios se encuentran en condiciones precarias o al borde del colapso, reflejando la magnitud de la brecha de infraestructura educativa.

Aunque el Gobierno asegura estar invirtiendo más, la ejecución del presupuesto sigue siendo deficiente. En 2024, se destinaron S/ 1,429 millones a infraestructura educativa: el Gobierno nacional ejecutó el 95 % de sus recursos, mientras que los gobiernos locales, responsables de más del 30 % del presupuesto, apenas alcanzaron una ejecución del 65,1 %. El caso del Callao es extremo: solo se utilizó el 1,7 % del presupuesto asignado.

Escuelas dañadas y estudiantes en riesgo

La vulnerabilidad de los colegios quedó al descubierto tras el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima y Callao el 15 de junio de 2025. Según la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), 181 colegios resultaron afectados, la mayoría con daños menores como vidrios rotos, fisuras de tarrajeo, desprendimientos de baldosas y filtraciones, aunque dos registraron daños estructurales graves.

El caso más simbólico fue el de la Escuela Bicentenario Simón Bolívar, ubicada en San Martín de Porres y recién inaugurada el 17 de marzo de 2025. El centro, promovido como una obra antisísmica moderna, presentó fisuras visibles en muros, baños y cocina del programa Wasi Mikuy. El director del colegio confirmó que las grietas aparecieron pocos días después del terremoto. Como respuesta, el Minedu y la DRELM aseguraron que los daños son «absolutamente menores» en la mayoría de casos, y que el ministerio asumirá directamente las reparaciones menores.

En el Callao, una inspección reciente de la Contraloría General de la República reveló serias deficiencias en doce colegios supervisados tras ese mismo sismo. Según el informe, cerca de 13 mil estudiantes y docentes están expuestos a situaciones de riesgo por muros agrietados, barras de refuerzo expuestas, filtraciones, cerco perimétrico oxidado e incluso columnas apuntaladas de forma provisional. En caso extremos como la I.E. República de Venezuela, se ha clausurado parcialmente el patio por desprendimientos en muros de nueve metros de altura. La Contraloría ha exigido a la Dirección Regional de Educación del Callao y a la UGEL Ventanilla adoptar medidas preventivas y correctivas, pero aún no hay respuesta.

Nuevos COAR, sin avances claros

En marzo de 2025, el Ministerio de Educación aprobó los estudios definitivos de ingeniería del proyecto “COAR Centro”, que será ejecutado bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP). Este paquete incluye tres nuevos COAR en Oropesa (Cusco), Chontabamba (Pasco) y Ascensión (Huancavelica), con una inversión superior a los S/ 392 millones. Se estima que beneficiarán a más de 900 estudiantes anualmente.

La fase de diseño ya ha concluido y se prevé el inicio de la construcción en el segundo semestre de 2025, una vez asegurado el financiamiento por parte de ProInversión. El plazo de ejecución será de 18 meses, y el concesionario estará a cargo del mantenimiento y servicios complementarios por 20 años, mientras el Estado conservará la gestión pedagógica.

En paralelo, la presidenta Boluarte anunció durante su mensaje de 2024 la ejecución del COAR Apurímac bajo el mecanismo de obras por impuestos. Actualmente, este colegio opera en Chalhuanca, y el nuevo proyecto apunta a una infraestructura adicional o modernizada. Sin embargo, hasta julio de 2025, no se ha publicado el costo total, la ubicación definitiva ni el cronograma técnico.

Universidades de papel y en crisis

Pese a la oficialización de 11 nuevas universidades públicas durante su gestión, la presidenta Dina Boluarte enfrenta duras críticas por la falta de avances concretos en su promesa educativa de hace un año. Según La República, de las once casas de estudio anunciadas, solo una ha sido efectivamente construida. El resto permanece sin infraestructura, sin presupuesto asignado y sin personal académico, lo que las convierte, en la práctica, en “universidades en papel”.

Si bien la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) reconoció formalmente estas instituciones y designó comisiones organizadoras para cada una, advirtió que ninguna cuenta con recursos financieros ni planes operativos viables. La situación pone en duda la viabilidad del proyecto y revela una desconexión entre el discurso político y la ejecución real, alimentando cuestionamientos sobre el uso de la educación como plataforma de promesas sin sustento técnico ni presupuestal.

La promesa de Boluarte, además, se enfrenta a un escenario lleno de limitaciones: falta de presupuesto específico, ausencia de estudios de demanda, debilidades estructurales en las instituciones existentes y procesos legislativos impulsados sin rigor técnico o respaldo técnico. Mientras no se atiendan los problemas concretos de la educación superior—vacantes insuficientes, inversión en investigación, gobernanza institucional, conflicto docente y ajuste curricular—, generar nuevas universidades no resolverá las carencias del sistema, por el contrario, la medida podría perpetuar la precariedad y debilitar aún más la calidad educativa.