Balas, minería ilegal y narcotráfico: el legado de inseguridad de Dina Boluarte

El 28 de julio de hace un año la mandataria Dina Boluarte prometió al país una “presencia más firme de las fuerzas del orden”, el despliegue de los grupos GRECCO para combatir a bandas como “El Tren de Aragua”, y operativos sostenidos contra la minería ilegal y el narcotráfico. También anunció que para finales del 2024 se erradicarían 25 mil hectáreas de hoja de coca y que se ampliaría la capacidad de los penales. Hoy los resultados revelan otra historia: más violencia, más impunidad.

Extorsión, homicidios y una policía rebasada

Boluarte anunció durante su mensaje a la Nación de 2024 un plan para fortalecer a la Policía Nacional, mejorar la infraestructura policial, implementar videovigilancia y potenciar la inteligencia del Estado como parte de su estrategia contra la delincuencia. Sin embargo, encuestas y análisis revelan que el 69% de los peruanos considera que el Gobierno maneja muy mal la lucha contra la delincuencia, y el 89% afirma que no existe un plan claro frente a la inseguridad.

Las cifras del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) fueron el primer campanazo que alertó la inacción del gobierno de Boluarte frente a la inseguridad. Hasta el 18 de marzo de 2025, se reportaron 475 homicidios, con un promedio de una persona asesinada cada cuatro horas. La mayoría de estos crímenes están vinculados al sicariato y a redes de extorsión que operan sin freno, apuntando a comerciantes, transportistas y empresarios.

Mientras tanto, las denuncias por extorsión superaron los 2 mil casos mensuales en 2024, según la Policía Nacional. Distritos densamente poblados como San Juan de Lurigancho cuentan con apenas 600 policías para más de 1,2 millones de habitantes. La promesa de presencia firme quedó solo en el papel.

El 21 de abril, además, un interno del penal de Lurigancho se fugó escalando la malla perimétrica y saltando el muro, pese a los disparos disuasivos. Apenas dos semanas después, seis adolescentes del centro juvenil Maranguita escaparon utilizando una soga improvisada con jeans y telas. Estas fugas revelan la precariedad del sistema penitenciario que supuestamente iba a ser reforzado.

En esa línea, un informe advierte que el denominado “Plan Boluarte” no ha dado resultados. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana estaba vencido desde 2023, y estructuras como CONASEC y CODESEC operan solo en teoría, sin liderazgo efectivo ni logros concretos. Es decir, promesas sin proyectos tangibles, equipamiento, infraestructura ni inteligencia implementados de manera efectiva.

Minería ilegal, coca y un Estado que se rinde

En 2024, Boluarte aseguró que la minería ilegal era la principal economía ilícita del país. Respaldó esta afirmación con una alarmante estadística: más del 25 % del oro exportado en la última década provendría de actividades ilegales. Para combatirla, prometió acciones contundentes. Detalló que en 2023 se realizaron 729 operativos y que, solo en los primeros meses de 2024, ya se superaban los mil, con destrucción de campamentos, pozas, plantas procesadoras e incautaciones de insumos químicos y explosivos. La mandataria afirmó que estas acciones serían permanentes hasta desarticular a las organizaciones criminales detrás del negocio.

Sin embargo, el análisis posterior revela una realidad muy distinta. El Ministerio de Energía y Minas destinó mayores esfuerzos a mantener vigente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) —un sistema fallido que ha sido un escudo para quienes buscan evadir sanciones legales— que a combatir las redes de la minería ilegal. Incluso el grupo de trabajo multisectorial anunciado como parte de la ofensiva terminó siendo más simbólico que efectivo.

Las contradicciones no terminan ahí. Un decreto legislativo emitido por el Ejecutivo redujo las penas por minería ilegal agravada, beneficiando directamente a más de 10 mil 500 acusados. Esta flexibilización legal fue duramente cuestionada por no guardar proporción con el impacto ambiental y criminal de estas actividades. A esto se sumó la decisión del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, de ampliar el REINFO hasta el 31 de diciembre de 2025, medida que ha sido interpretada como un espaldarazo a la minería ilegal.

En paralelo, mientras las plantaciones de coca en Áreas Naturales Protegidas se redujeron en un 21%, las zonas de amortiguamiento experimentaron un crecimiento alarmante: pasaron de 9 mil 150 hectáreas en 2020 a 14 mil 102 en 2024. Lejos de frenarse, la producción de coca se desplazó y se expandió, desmintiendo las promesas presidenciales de erradicación.

Otro fracaso de Boluarte en la seguridad ciudadana es la poca duración de sus ministros. La gestión del Ministerio del Interior ha sido un reflejo de la improvisación generalizada. En julio de 2024, el titular de la cartera era Juan José Santiváñez. Duró poco. En agosto, la Fiscalía recibió audios donde el propio ministro afirmaba que Boluarte le pidió desactivar la Diviac como condición para asumir el cargo. Fue censurado. Su reemplazo, Julio Díaz Zulueta, tampoco sobrevivió mucho tiempo y dejó el cargo en menos de 60 días.

Promesas sobre el Tren de Aragua y avances declarados

Durante una conferencia de prensa el 28 de enero de 2025, la presidenta Dina Boluarte aseguró que grupos criminales como el Tren de Aragua y «Los Injertos del Cono Norte» no vencerán al Estado. Advirtió: “Para ellos, el destino será uno solo: el penal de Challapalca, desde donde no podrán hacer daño a nadie en nuestra sociedad”.

A finales de ese mismo mes, el 27 de enero, Boluarte afirmó que la Policía Nacional, junto al Ministerio del Interior dirigido por Juan José Santiváñez, había “prácticamente desbaratado” al Tren de Aragua en el Perú, gracias a las capturas recientes de sus miembros. Asimismo, exhortó a que la Fiscalía y el Poder Judicial no los liberen para evitar que regresen a operar.

Sin embargo, aunque se han reportado estas operaciones y arrestos —y el Congreso aprobó en marzo de 2025 declarar al Tren de Aragua como organización terrorista con la creación de una comisión especial —no existen hasta la fecha informes independientes o datos oficiales que confirmen una reducción sostenida de las actividades delictivas del grupo.

Mientras el crimen organizado se fortalece, el gobierno rota ministros, permite fugas de presos, deja crecer los cultivos ilegales y cede ante los intereses de la minería ilegal. Prometieron firmeza, pero entregaron el control a las mafias. Hoy, la seguridad en el Perú no tiene un plan, no tiene liderazgo y, lo más grave, no tiene futuro.