El Salvador expulsa a 252 criminales del Tren de Aragua y Maduro acepta su retorno a Venezuela

El gobierno de El Salvador, por orden del presidente Nayib Bukele, deportó a 252 integrantes del grupo criminal transnacional “Tren de Aragua” hacia Venezuela. Muchos de ellos enfrentan graves cargos, incluyendo asesinato, robo, violación y otros delitos violentos. La medida fue parte de un acuerdo trilateral entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador, que también contempló la liberación de 10 presos políticos estadounidenses retenidos en territorio venezolano. Aunque la decisión fue celebrada por sectores que respaldan la política de mano dura del gobierno salvadoreño contra el crimen organizado, también suscitó críticas por parte de organismos internacionales.

La deportación masiva y el intercambio de prisioneros han sido objeto de críticas por parte de organizaciones como Amnistía Internacional, que denuncian el uso instrumental de los derechos humanos. Según la ONG, este tipo de acuerdos representa “un claro desprecio por las obligaciones internacionales” en la materia, al anteponer intereses políticos al respeto de los procesos judiciales y las garantías individuales.

El propio gobierno venezolano, contradictoriamente, calificó el intercambio como un acto “arbitrario” y denunció que se están utilizando personas como piezas de negociación política. Sin embargo, aceptó recibir a los delincuentes deportados. Esta aparente contradicción ha generado más preguntas que respuestas.

El Salvador se mantiene firme contra la delincuencia

Frente a las críticas de organismos internacionales, el gobierno de El Salvador mantuvo su línea de mano dura contra la delincuencia organizada, afirmando que la prioridad es la seguridad interna, sin ceder ante las presiones externas. La administración de Bukele calificó la repatriación como un éxito diplomático a pesar de las controversias.

Desde Venezuela, analistas y autoridades interpretaron la aceptación de los 252 venezolanos como un acto de complicidad con el crimen organizado. El gobierno de Maduro, si bien rechazó inicialmente la existencia de integrantes del “Tren de Aragua” entre los deportados, finalmente participó en el trámite de repatriación. Se señala que en lugar de investigar y procesar internamente a estos individuos, el Estado venezolano los recibió, liberó y expuso como víctimas de persecución, reforzando su imagen de régimen permisivo frente al crimen organizado.

Perú: entre la inacción y el avance de la criminalidad

En contraste, en el Perú se evidencia una preocupante inacción ante el avance del crimen transnacional. Bandas como el “Tren de Aragua” y “Los Pulpos” continúan operando en territorio peruano, involucradas en delitos como sicariato, extorsión y secuestro. Sin embargo, la respuesta institucional sigue limitada por trabas bugararocráticas y discursos que privilegian los derechos de los delincuentes por encima de la seguridad ciudadana.

Un caso emblemático fue la reciente excarcelación de un cabecilla de “Los Pulpos”, justificada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien argumentó que el reo “sufría” en la prisión de Challapalca. Este tipo de declaraciones reflejan una postura permisiva y una falta de voluntad política para enfrentar con firmeza a las organizaciones criminales.

La situación de inseguridad en el Perú se agrava día a día, mientras las autoridades continúan atadas a discursos legalistas que no responden a la gravedad del contexto. Es imperativo que el gobierno adopte políticas decididas, orientadas a proteger a la ciudadanía y enfrentar frontalmente al crimen organizado.

La ciudadanía exige respuestas concretas. La falta de acción, en una coyuntura marcada por el miedo y la violencia, no solo es ineficiencia: es una forma de irresponsabilidad política.