Excluyen 50 mil reinfos por no concluir formalización, pero les dan otra oportunidad

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) parece avanzar con un pie y retroceder con el otro. Por un lado, excluye a más de 50 mil inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), como parte de una depuración necesaria. Pero, al mismo tiempo, abrió la puerta para que esos mismos mineros apelen su salida. Parece que no le bastó con la prórroga del sistema hasta diciembre de 2025 para proteger a los ilegales. En lugar de reafirmar el control y la fiscalización, la nueva medida vuelve a mostrar la indecisión del Estado frente a la informalidad e ilegalidad en la minería.

Los excluidos —más de 50 mil registros— tenían hasta el 21 de julio para presentar su reconsideración, según anunció el ministro Jorge Montero. Si bien el titular de Energía y Minas aún no ha informado cuántos se han acogido a la apelación, señaló que muchos mineros inscritos en el Reinfo fueron retirados por supuestamente no registrar actividad minera durante más de cuatro años o por no tener su documentación completa. Sin embargo, a pesar de esta irregularidad evidente, ahora varios de ellos tendrán una segunda oportunidad para regresar al sistema.

Más exclusiones y poco avance

Montero ha defendido la prórroga del Reinfo argumentando que hay 3 mil mineros en proceso de formalización. Pero la cifra es débil frente a los casi 60 mil que han sido excluidos del sistema desde su creación hace más de una década. El balance es claro: hay veinte veces más mineros que han salido del Reinfo que los que avanzan hacia la legalidad.

Además, el ministro parece ignorar otra cifra contundente: este 2025, las pérdidas fiscales por minería ilegal superarían los S/ 7,800 millones, según estimaciones del propio Gobierno. Ese dinero que deja de recaudar el Estado afecta directamente a la población: menos inversión en salud, educación e infraestructura.

Protestas, bloqueos y millones en pérdidas

Mientras el Gobierno les ofrecía concesiones, los mineros ilegales sostenían medidas radicales, como el bloqueo de vías en diversas regiones del país, ejerciendo una presión directa para forzar decisiones políticas a su favor. En las primeras semanas de julio, uno de los puntos más críticos de los bloqueos fue el de la carretera Interoceánica. La Asociación de Transportistas del Perú estimó que por cada día de bloqueo se pierden S/ 280 millones en dicho sector, además de 45 mil toneladas de productos que no llegan a destino.

En Arequipa, por ejemplo, estos bloqueos provocaron el desabastecimiento de combustibles. Según la Cámara de Comercio local, durante las movilizaciones de la primera quincena de julio, el 80% de las estaciones no contaban con GLP, GNV y petróleo residual, interrumpiendo operaciones de transporte y empresas en la región. Además, se reportaron al menos 3 000 camioneros atrapados durante más de cinco días, algunos sin acceso a comida o agua, lo que también ocasionó la muerte de ganado en ruta. En Ica, la situación también fue crítica: unas 7 mil unidades dejaron de circular por día en las zonas bloqueadas, lo que representó más de S/ 1,2 millones en pérdidas directas.

Pero el impacto no termina ahí. En el sector turismo, los bloqueos de carreteras generan pérdidas diarias de S/ 15 millones, según la Cámara de Comercio de Lima. Además, considera que estas acciones podrían haber desalentado el turismo por Fiestas Patrias, debido a que un gran número de pasajeros podrían haber cancelado sus viajes por temor a quedarse varados. Un aspecto clave que afecta directamente a regiones como Cusco, Ica, Arequipa y La Libertad. Estas protestas no son nuevas: el Estado ya ha cedido antes. Y, en vez de marcar una línea clara, sigue enviando señales contradictorias que fortalecen la informalidad y debilitan la autoridad.

Entre la exclusión y el caos normativo

La minería ilegal no surge por gusto. Investigadores como Paulo Vilca y Aldo Santos explican que la expansión de esta actividad responde a una mezcla de abandono estatal, desempleo rural, caída del agro y trabas legales. Muchos mineros operan en concesiones ajenas y no pueden formalizarse porque los titulares no firman contratos. En la Amazonía, indican los investigadores, el caos se agrava: concesiones mineras se superponen con bosques de protección, territorios indígenas y concesiones forestales. Y mientras tanto, el oro sigue subiendo.

Asimismo, explicaron que la minería ilegal es solo una cara del problema: la minería criminal  es la más grave. Aunque parecidas, la minería ilegal y la criminal no son lo mismo. La primera opera al margen de la ley, sin requisitos ambientales o técnicos, pero no siempre ligada al crimen organizado. La criminal, en cambio, está controlada por mafias que lavan dinero, trafican armas y personas. Estas redes armadas y bien organizadas operan en zonas como Pataz (La Libertad), La Pampa (Madre de Dios), Amazonas y Loreto. Según la Defensoría del Pueblo, representan una amenaza directa a la seguridad nacional. Y, en los últimos años, se han expandido sin freno, ante la inacción del Estado.

El Reinfo fue concebido como una herramienta para ordenar la minería informal; hoy, se ha convertido en un salvavidas para quienes incumplen la ley. Mientras tanto, las pérdidas económicas se agravan, las mafias se fortalecen y el Gobierno opta por retroceder en lugar de enfrentar el problema. Para combatir de forma efectiva la minería ilegal, es urgente que el Estado diseñe un marco normativo específico para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), con incentivos claros para la formalización, menores costos de cumplimiento y procedimientos simplificados. A la par, resulta indispensable aplicar con firmeza la ley a quienes insisten en operar al margen, de modo que la informalidad deje de ser más rentable que cumplir con la legalidad.