Controversia por el aumento salarial de Dina Boluarte: ¿Procedimiento regular, momento inoportuno?
El aumento del 120% en el sueldo presidencial ha desatado una fuerte controversia en el país. En un contexto de alta pobreza, obras inconclusas y escasa aprobación ciudadana, diversos sectores cuestionan la oportunidad, justificación técnica y legitimidad ética de la medida.
Redacción Vigilante
Publicado 12:45 pm, 11 julio, 2025
La reciente decisión del Consejo de Ministros de aumentar la remuneración mensual de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha generado una ola de cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales del país. El sueldo de la mandataria pasó de S/ 15,600 a S/ 35,568, lo que representa un incremento del 120%.
Este aumento fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 136-2025-EF, que, según el discurso oficial, siguió el procedimiento regular establecido por la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil. Esta norma señala que la compensación económica para funcionarios públicos de elección popular se aprueba mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Pero en un país con el 28% (más de 9 millones) de personas en situación de pobreza, según el INEI; con el 33% del gasto público solo en planillas, según el MEF; y con decenas de obras inconclusas a nivel nacional, ¿qué criterios justifican incrementar el sueldo presidencial en este momento? ¿Por qué un 120% y no un 50% o 90%?
El trasfondo político y ético del aumento
Si bien el aumento de Boluarte habría cumplido con los requisitos formales para su legalidad, especialistas y legisladores advierten la falta de un sustento técnico transparente que justifique el porcentaje del incremento. En esa línea, el Congreso ha citado a los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el MEF y la entidad Servir, para que expliquen las razones detrás del incremento y presenten los criterios técnicos utilizados.
Más allá de su legalidad, el anuncio ha sido recibido con fuerte rechazo por la opinión pública. La mandataria Dina Boluarte atraviesa un periodo de baja aprobación ciudadana, que según las últimas encuestas, no supera el 3%. En este contexto, el aumento ha sido percibido por la ciudadanía como inoportuno y desconectado de la realidad del país. El problema no es solo cuánto gana un funcionario público, sino cuánto produce para la sociedad.
Cuando se percibe que un funcionario no entrega resultados, cualquier aumento salarial genera rechazo. Se empieza a ver no como una retribución, sino como un privilegio. Por ello, expertos en gestión pública han alertado sobre una preocupante tendencia a la ineficiencia estatal, donde los funcionarios se convierten en meros rentistas del sistema público, recibiendo remuneraciones sin cumplir estándares mínimos de calidad o productividad.
Según el economista Jorge González Izquierdo, la decisión de la PCM se ha dado en un momento “inconveniente e inoportuno”, porque la presidenta “no ha demostrado resultados que justifiquen el incremento de su sueldo”. Por su lado, el constitucionalista Víctor García Poma sostuvo “no es descabellado, sino inoportuno… La población sentirá indignación si se aumenta el sueldo de alguien que no está demostrando idoneidad, competencia, transparencia en la gestión”.
Las críticas también se han sumado desde regiones. Paola Félix Matta, presidenta del Parlamento Mujer de Ica, expresó que “con esa cantidad de dinero podrían desarrollarse muchas otras acciones en favor de la mujer y de los ciudadanos que más lo necesitan… El liderazgo en la función pública debe centrarse en servir a la ciudadanía y no servirse del cargo”. Por su parte, el alcalde de Alto Selva Alegre de Arequipa, Alfredo Benavente dijo que la medida era “oportunista” y aseguró que “no tiene sentido que haya tanta diferencia entre los sueldos si el objetivo es servir al país”.
Proponen aumentos relacionados al mérito y resultados
El debate ha abierto una discusión más amplia sobre la necesidad de establecer criterios objetivos y meritocráticos para futuras revisiones salariales del jefe de Estado. Algunos sectores proponen que aumentos al sueldo presidencial deberían estar vinculados a indicadores de gestión, como la reducción de la pobreza, el crecimiento del PBI o avances en políticas públicas clave.
Actualmente, se han presentado en el Congreso proyectos de ley para revertir el aumento aprobado por el Ejecutivo. Más allá de los aspectos técnicos y legales, estos proyectos también incorporan argumentos de naturaleza ética y política, apelando a la legitimidad social que debe tener cualquier mejora en la remuneración de los altos funcionarios.