SUNAT: ¿Acompañamiento real o carga burocrática para el contribuyente?

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), según su Ley de creación (Ley N° 24829), es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Cuenta con autonomía funcional, económica y administrativa, y tiene como misión promover el cumplimiento tributario y aduanero a nivel nacional. Pero en la práctica, son muchos los contribuyentes que consideran que su rol fiscalizador, más que acompañar, termina por obstaculizar.

Aunque la SUNAT afirma facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante plataformas digitales, manuales de ayuda y programas de capacitación, la experiencia de muchos ciudadanos es diferente. Emprendedores, profesionales independientes y pequeñas empresas denuncian una burocracia intimidante y sanciones desproporcionadas. Un fuerte malestar se percibe constantemente entre los microempresarios: “el sistema no está hecho para pequeños negocios; y si cometes un error, te multan sin preguntar”.

Las funciones de la SUNAT, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 501, incluyen la administración y recaudación de tributos internos (excepto los municipales), así como la fiscalización, sanción y ejecución coactiva. También está facultada para otorgar fraccionamientos, ordenar embargos y participar en el combate contra delitos como el contrabando, la minería ilegal o el narcotráfico. En términos legales, su poder es amplio y complejo, lo que para muchos ciudadanos se traduce en un sistema poco transparente y difícil de navegar.

Un punto crítico es la falta de proporcionalidad en las sanciones. La SUNAT puede aplicar multas automáticas por errores formales, y los intereses moratorios crecen día a día sin criterio de gradualidad. En marzo de este año, la Defensoría del Pueblo advirtió que las prácticas sancionadoras de la SUNAT deben enfocarse más en la educación tributaria que en la coerción, recomendando medidas correctivas antes que punitivas.

La Ley de Fortalecimiento de la SUNAT (Ley N° 29816), promulgada en 2011, buscó mejorar su labor en la lucha contra la evasión y elusión, el contrabando y la ampliación de la base tributaria. Sin embargo, los efectos en la práctica no siempre han sido positivos para los contribuyentes más pequeños, quienes muchas veces no acceden a asesoría legal o contable especializada para entender el complejo lenguaje tributario ni las actualizaciones constantes del sistema.

Otras obligaciones y facultades de SUNAT: ¿juez y parte?

Por ley, la SUNAT también administra obligaciones vinculadas a ESSALUD y ONP, además de participar en la reglamentación de normas tributarias y el desarrollo de políticas de Estado. No obstante, su gran cantidad de funciones, desde la fiscalización hasta la resolución de controversias, la convierten en juez y parte, lo que genera cuestionamientos sobre su imparcialidad y objetividad en los procesos administrativos.

Desde la perspectiva legal, SUNAT está facultada para casi todo: puede crear mecanismos de control, aplicar coerción, y resolver en primera instancia los reclamos de los contribuyentes. Lo ideal sería un ente con poder fiscalizador pero también con funciones de orientación más sólidas, que no penalice a quien se equivoca de buena fe.

Además de su rol tributario, la SUNAT tiene funciones en el ámbito aduanero, incluyendo el control del tráfico de mercancías y personas. Esta acumulación de tareas ha generado debates sobre la necesidad de revisar y segmentar sus competencias para evitar excesos y mejorar la eficiencia del sistema.

La SUNAT ha desarrollado también programas de información y divulgación, aunque su alcance ha sido limitado en comparación con las necesidades reales del ciudadano. Para muchos, el problema no es solo tecnológico, sino estructural: un sistema complejo, automatizado y desconectado de la realidad cotidiana del país, especialmente en regiones rurales y sectores informales.

Finalmente, si bien la SUNAT cumple una función clave en la sostenibilidad fiscal del Perú, su enfoque actual requiere ajustes urgentes. Para que realmente sea un organismo que acompañe al contribuyente, debe priorizar la pedagogía tributaria, simplificar sus procedimientos, y adoptar una mirada más inclusiva que favorezca el cumplimiento voluntario antes que la sanción automática. La legitimidad de su función no debe construirse a partir del miedo, sino de la confianza.