Fecha: 8 julio, 2025 Tipo de cambio : s/ 3.553

PL para que Banco de la Nación compre oro genera alarma por riesgos económicos y ambientales

Desde el ámbito económico, institucional y fiscal, la propuesta para que el Banco de la Nación compre oro de la minería artesanal constituye un grave retroceso. No solo pone en riesgo la estabilidad financiera del Estado, sino que también debilita pilares clave como la autonomía monetaria, la libre competencia y el principio de subsidiariedad. La Asociación de Contribuyentes del Perú exhorta al Congreso a rechazar la iniciativa.
Redacción Vigilante Publicado 4:47 pm, 7 julio, 2025

Una reciente propuesta legislativa en el Congreso de la República ha desatado una fuerte polémica entre economistas, expertos en políticas públicas y organizaciones de la sociedad civil. El proyecto de ley busca facultar al Banco de la Nación para comprar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala. Sin embargo, diversos sectores advierten que la iniciativa representa una seria amenaza para la estabilidad económica, fiscal y ambiental del país.

Desde la teoría económica, la participación del Estado en actividades empresariales está limitada a situaciones de fallo de mercado o ausencia de oferta privada. No es el caso del oro, cuya comercialización ya se encuentra cubierta por una amplia red de compradores privados que compiten en precios y servicios.

Permitir que el Banco de la Nación —una entidad financiera pública— ingrese a este mercado no solo violaría el principio de subsidiariedad consagrado en la Constitución, sino que también distorsionaría la competencia, desincentivaría la inversión privada y podría abrir espacio a prácticas poco transparentes. “No tiene sentido crear un monopolio estatal donde ya existe un mercado funcional. Es repetir errores pasados”, advierten desde la Asociación de Contribuyentes del Perú.

Formalización mal entendida: el riesgo de blanquear la informalidad

El proyecto parte de la premisa de que la compra estatal de oro promoverá la formalización del sector minero informal. Sin embargo, los expertos aseguran que, sin sistemas efectivos de trazabilidad ni mecanismos de control rigurosos, esta medida podría funcionar como un canal legal para la comercialización de oro ilegal, muchas veces extraído en zonas prohibidas y con métodos ambientalmente dañinos, como el uso indiscriminado de mercurio.

“Esta medida institucionalizaría la informalidad. El Estado se convertiría, en la práctica, en comprador de oro de origen incierto, posiblemente vinculado al crimen organizado y a prácticas laborales ilegales”, sostiene el abogado ambientalista César Ipenza.

El antecedente de ENACO, la empresa estatal encargada de comprar la hoja de coca, es citado como un caso de fracaso rotundo: no logró formalizar la cadena ni controlar la oferta. Repetir ese modelo con un recurso mucho más valioso como el oro es calificado como una “negligencia política y económica monumental”.

Choque constitucional e impacto monetario

El Banco de la Nación, según su ley orgánica (Ley 16000), tiene como función servir al sector público, no operar como empresa minera ni exportadora de metales. Ampliar sus competencias para incluir la compra de oro representa una modificación legal cuestionable y, según varios constitucionalistas, podría ser inconstitucional si no se cumplen las condiciones de ausencia de oferta privada y necesidad de interés público.

Además, surgen interrogantes sobre el financiamiento de estas compras. ¿De dónde saldrán los fondos para adquirir el oro? Si se plantea una eventual participación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), esto podría traducirse en emisión monetaria, con efectos inflacionarios graves. El propio Adrián Armas, gerente central de estudios económicos del BCRP, ya advirtió en el pasado que este tipo de medidas comprometen la autonomía monetaria del país.

Poner en marcha esta operación requeriría una fuerte inversión en infraestructura, personal especializado, tecnología y sistemas logísticos. Aunque el predictamen asegura que no generará “demanda adicional al Tesoro”, economistas señalan que esta afirmación es insostenible: “Los costos, directos o indirectos, siempre recaen en los contribuyentes”, sostienen desde la Asociación de Contribuyentes.

Además, comprar oro en zonas donde operan mafias mineras y redes de tráfico ilegal abre enormes riesgos de corrupción, colusión y lavado de activos. La falta de experiencia del Estado en este tipo de operaciones lo deja en clara desventaja frente a redes criminales bien organizadas.

REINFO: más incentivos a la informalidad

En paralelo, el Congreso ha extendido la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre de 2025, lo cual —combinado con esta iniciativa— refuerza una política de incentivos perversos. Según cifras oficiales, solo el 2.4% de los mineros inscritos en el REINFO ha logrado formalizarse.

“En lugar de cerrar el REINFO y exigir una verdadera formalización con estándares ambientales, laborales y tributarios, se premia la informalidad con fondos públicos. Es un mensaje equivocado y peligroso”, advierten expertos en minería legal.

Por otro lado, los promotores del proyecto citan a Bolivia y Tanzania como ejemplos a seguir, pero ambos países han sido cuestionados por sus sistemas de compra estatal de oro, los cuales han sido señalados por la comunidad internacional como posibles mecanismos de lavado de activos

No existe evidencia empírica sólida que respalde que los sistemas de compra estatal funcionen mejor que los mercados abiertos regulados. Por el contrario, la experiencia demuestra que este tipo de intervenciones suelen generar más distorsiones que soluciones.

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