Foncomún en Lima: más recursos para gastar, no para invertir

Una reciente reforma tributaria —orientada a la distribución del IGV— ha duplicado los recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún), supuestamente con el objetivo de fortalecer a los gobiernos locales y cerrar brechas en servicios básicos. Sin embargo, en Lima Metropolitana, el aumento ha terminado beneficiando a municipios con baja ejecución presupuestal y con una clara preferencia por el gasto corriente, especialmente en planillas, en lugar de invertir en obras públicas.

El Foncomún fue creado como un mecanismo para apoyar a los municipios con menos ingresos, particularmente en zonas rurales y sin acceso al canon minero. La idea era simple: redistribuir recursos para garantizar un mínimo de servicios a poblaciones vulnerables. Pero con el tiempo, esta lógica se ha perdido. Hoy, municipios urbanos como los de Lima —que cuentan con ingresos propios y no enfrentan las mismas carencias que otras regiones— también reciben estos fondos. Lo preocupante es que muchos de ellos no los usan para cerrar brechas, sino para engrosar su aparato burocrático.

Reforma del IGV: populismo fiscal sin mejoras reales

La reforma impulsada por el Congreso y el Ejecutivo modificó la distribución del IGV: el gobierno central pasa de recibir el 14% al 12%, mientras que los gobiernos locales duplican su parte del 2% al 4%. Esto equivale a un aumento de aproximadamente S/10 mil millones anuales para el Foncomún.

Aunque el IGV total sigue siendo 18%, la medida debilita los ingresos fiscales del Estado —la principal fuente de financiamiento nacional— y transfiere esos recursos a gobiernos locales sin condiciones claras de eficiencia, transparencia o capacidad de ejecución. Según especialistas, se trata de una medida inconstitucional y fiscalmente irresponsable, que favorece a municipios sin necesidad objetiva ni desempeño comprobado.vEn lugar de convertirse en una herramienta de desarrollo local, el Foncomún está sirviendo para sostener planillas y burocracias sobredimensionadas.

Distribución desigual: Lima se lleva más, regiones pobres reciben menos

Los datos son elocuentes. En Lima Metropolitana: el 45% de los municipios destina la mayor parte del Foncomún al gasto corriente. Cinco de cada siete alcaldes usan más del 30% de estos recursos para pagar sueldos. Solo algunas excepciones, como San Martín de Porres, destacan por un uso más eficiente, destinando más del 45% del fondo a inversión pública. Pero distritos como San Borja, Breña, Miraflores, San Isidro, Pueblo Libre y Barranco reportan cero soles invertidos en obras hasta junio de 2025.

A nivel nacional, la desigualdad en la distribución del Foncomún también genera cuestionamientos. Lima lidera el ranking con S/1,474 millones asignados para 2025, el doble que Piura (S/787 millones) y muy por encima de regiones con mayores necesidades estructurales como Huancavelica (S/194 millones), Apurímac (S/182 millones) o Moquegua (S/44 millones).

Esto contradice el principio básico con el que se diseñó el Foncomún: dar más a quienes tienen menos. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el fondo debería priorizar factores como pobreza, falta de servicios básicos y nivel de ruralidad. Pero en la práctica, los recursos están siendo concentrados en zonas urbanas con mayor capacidad económica y menor urgencia social.

El aumento del Foncomún tenía el potencial de ser una herramienta poderosa para el desarrollo local de las regiones. Pero sin reglas claras, sin exigencias de eficiencia ni mecanismos de rendición de cuentas, se ha convertido en un vehículo de gasto sin impacto.

La experiencia en Lima demuestra que más dinero no siempre se traduce en mejores servicios para los ciudadanos. Y mientras las regiones más pobres siguen esperando inversión real, el Foncomún corre el riesgo de convertirse en otra promesa de descentralización mal gestionada.

Más presupuesto no resuelve la mala gestión en los gobiernos locales

Pese a los constantes aumentos en transferencias públicas, el problema de fondo en los gobiernos locales sigue siendo la falta de capacidad de gestión. En la última década, las municipalidades dejaron de ejecutar más de S/123 mil millones, y solo en 2024, el Estado no logró invertir S/13,600 millones, gran parte de los cuales estaban destinados a gobiernos regionales y locales. Estos datos desmienten la idea de que la falta de recursos es el principal obstáculo. La ineficiencia, no la escasez, es lo que paraliza el desarrollo local.

Puno: cuarta región con mayor presupuesto de Foncomún, pero con alta pobreza estructural

Al hacer un zoom en la región de Puno —la cuarta con mayor asignación del Foncomún en 2025— se confirma la brecha entre el propósito redistributivo del fondo y su uso real. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, Puno ha recibido más de S/636 millones, pero la mayor parte de estos recursos se destina a bienes y servicios, categoría que incluye principalmente contratos de locadores y compras operativas, con una ejecución del 50%.

En contraste, la inversión pública de Puno, que debería ser el pilar para cerrar brechas en una región con alta pobreza estructural, representa menos presupuesto y, lo más preocupante, solo ha ejecutado el 33% al primer semestre del año. Esto indica una gestión ineficiente que no prioriza obras ni servicios duraderos para la población. Además, otros componentes como “planillas” también superan los S/150 millones, lo que refuerza el uso del Foncomún para gasto corriente antes que para inversión de impacto. Así, Puno ejemplifica cómo incluso regiones que sí necesitan apoyo financiero terminan usando estos recursos de forma poco estratégica, desaprovechando el verdadero potencial del fondo.

La mayoría de municipalidades con mayores asignaciones tienen bajos niveles de ejecución, incluso a mitad de año. Por ejemplo, la Municipalidad Provincial de San Román (Juliaca), que concentra casi S/ 80 millones del Foncomún, apenas ha ejecutado el 36.8% de su presupuesto. Le sigue la Municipalidad Provincial de Puno, con más de S/ 48 millones y una ejecución del 40%.

Este comportamiento se repite en otras provincias relevantes como El Collao (38.7%), Azángaro (44.3%) y Huancané (33.6%). También es destacable que distritos con menores montos muestran mejores desempeños: Potoni (61.4%), Santa Lucía (57.5%), o Orurillo (56%).

Esto evidencia que el tamaño del presupuesto no garantiza capacidad de ejecución. Muchas de las municipalidades con más recursos tienen una ejecución menor al 50%, desaprovechando la posibilidad de financiar obras y servicios para una población que sí enfrenta serias carencias. El problema no es falta de fondos, sino deficiencia en la gestión local, con recursos que terminan paralizados en lugar de traducirse en impacto.