Fiscalización sin límites: Sunat va tras consorcios liquidados y pagos por Yape y Plin

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) no perdona ni a los que ya no existen. Ahora también va tras consorcios liquidados. Y no solo eso: empezará a fiscalizar pagos por Yape y Plin a pequeños negocios. Mientras tanto, las grandes deudas siguen sin resolverse.

Persigue a los que ya cerraron

En 2009, se formó un consorcio con RUC propio. Pagó impuestos y se dio de baja en 2015. Después, en 2018, la SUNAT lo notificó para una fiscalización por el Impuesto a la Renta de 2013. Es decir, cinco años después del ejercicio y tres años después de extinguirse.

Pero el Código Tributario establece que los contratos —como los consorcios— no pueden ser sujetos de fiscalización. Solo las personas. Para la SUNAT, sin embargo, la regla no aplica, porque el tributo corresponde a un año en que el consorcio sí estaba activo y así justificaría su actuación.

Los pequeños, otra vez en la mira

Como si fuera poco, la SUNAT ha anunciado que también empezará a fiscalizar las transferencias hechas a través de Yape y Plin, siempre que se dirijan a negocios con ingresos mayores a 45 mil soles y que no hayan realizado las declaraciones correspondientes. Según el abogado tributarista Raúl Odría, los más golpeados serán los emprendedores. “La SUNAT debería ir más allá, mirar los movimientos de quienes reciben dinero sin ninguna actividad comercial declarada”, dijo a un medio local.

Ante la insistencia de la SUNAT por conseguir ingresos de diversas formas, es válido preguntarse cuántos tributos está perdiendo el país a causa de grandes actividades que mueven millones de soles, como la minería ilegal o las construcciones ilegales que reciben pagos de manera no bancarizada y siguen operando con total normalidad. Sin embargo, el Estado ha decidido ir contra los microempresarios.

Grandes deudas sin ser cobradas

Hace un año, se reveló que el 86,9 % del total de deudas tributarias no se puede cobrar porque están impugnadas. Son más de S/ 24 mil millones congelados entre extensos procesos de reclamaciones, apelaciones y demandas ante el juez. Y mientras siguen incrementando el número de casos contra empresas formales, hay sectores como la construcción ilegal y minería ilegal continúan operando sin control, evadiendo el pago de impuestos.

Aunque la SUNAT tiene una proyección de resolver las reclamaciones de deudas impugnadas en seis meses, en promedio, se demora nueve. Mientras tanto, el Tribunal Fiscal tiene un plazo de hasta 18 meses, aunque en promedio se demora más de tres años para resolver el 77 % de los casos en etapa de apelación.

Menos tiempo perdido sería más dinero para el Estado. Pero mientras tanto, ¿a quién le cae el peso de la fiscalización? A los microempresarios y a los consorcios liquidados.