¿Clausura justificada o abuso de autoridad?: El caso Larcomar y la Municipalidad de Miraflores

A mediados de junio, la Municipalidad de Miraflores ordenó la clausura temporal de Larcomar, uno de los centros comerciales más icónicos y visitados de Lima. Durante una inspección, los fiscalizadores de la comuna alegaron “daños estructurales” e “inadecuada implementación de medidas de seguridad”. La medida incluyó la revocación del certificado ITSE, instrumento técnico que avala las condiciones de seguridad del inmueble. Hasta ahí, podría suponerse que se trató de una intervención responsable. Pero, según expertos, cuando se observa de cerca la actuación municipal, surgen dudas razonables sobre la legalidad, proporcionalidad y transparencia del proceso.

Larcomar rechazó categóricamente los señalamientos del municipio, calificando la clausura de arbitraria y asegurando que las observaciones no constituían riesgos estructurales, como lo han corroborado los informes sustentados por los ingenieros civiles Carlos Casabonne y Eduardo Zegarra, especialistas en suelos y estructuras. A pesar de ello, la municipalidad procedió a revocar el ITSE. Incluso, Larcomar intentó presentar presencialmente un nuevo certificado ITSE para levantar las observaciones, pero los funcionarios municipales habrían bloqueado el ingreso, forzando al centro comercial a presentar la documentación vía virtual.

La situación se volvió más cuestionable cuando, el 28 de junio, en una nueva inspección municipal se volvió a encontrar “nuevas observaciones”, las cuales no fueron detectadas en la primera fiscalización. Esto abre una pregunta legítima: ¿Por qué no fueron observadas desde un inicio? Y si no eran sustanciales entonces, ¿se justifica mantener el cierre?

¿Proporcionalidad o represalia?

Legalmente, la revocación de un ITSE —y, por tanto, la clausura de un local— solo es procedente cuando existen riesgos concretos a la vida, salud o seguridad de las personas. Si las observaciones no alcanzan ese umbral, ¿no estaríamos frente a un uso desproporcionado de la sanción?

Pero este no sería un caso aislado. La administración del alcalde Carlos Canales ha acumulado un amplio historial de abusos normativos y acciones declaradas ilegales por el propio Indecopi. El caso de Malala Restobar y las restricciones impuestas a heladeros que operan en el distrito son solo dos ejemplos de una línea de actuación autoritaria que ha sido reiteradamente cuestionada por organismos reguladores.

En un movimiento que muchos califican como preocupante, la Municipalidad de Miraflores ha impulsado ante el Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, alegando que necesitan más herramientas para fiscalizar y clausurar negocios. La ironía es evidente: si ya están siendo cuestionados por ejercer arbitrariamente las facultades actuales, ¿qué pasaría si se les otorgan más poderes?

¿Autonomía o impunidad?

Es cierto que las municipalidades gozan de autonomía administrativa, económica y política, pero esta no es absoluta. Está limitada por principios como la legalidad, la razonabilidad, el debido procedimiento y la proporcionalidad. Cuando esas barreras se ignoran, lo que se genera no es gobernabilidad, sino arbitrariedad institucionalizada.

La clausura de Larcomar parece responder más a un patrón de hostigamiento político o administrativo, que a una genuina preocupación por la seguridad pública. Si el municipio está dispuesto a cerrar uno de los centros comerciales más emblemáticos de Lima con este nivel de ligereza, ¿qué pueden esperar los pequeños y medianos empresarios del distrito?