Pesca formal vs. Pesca informal: ¿qué amenaza al mar peruano?
Mientras la pesca informal genera pérdidas millonarias y pone en jaque la sostenibilidad del sector, la pesca formal impulsa exportaciones, empleo y crecimiento económico para el país.
Redacción Vigilante
Publicado 6:20 pm, 27 junio, 2025
La industria pesquera es uno de los pilares económicos más relevantes del Perú. Solo en el 2024 este sector generó más de 3,600 millones de dólares en exportaciones y alrededor de 400 mil empleos directos, según el Ministerio de la Producción (Produce). Además, su aporte al PBI nacional fue del 0.8% y el crecimiento del 24.9% en las exportaciones se debió, principalmente, al incremento de la captura de anchoveta destinada al consumo humano directo.
Durante el primer trimestre de 2025, el impulso del sector pesquero se mantuvo, con un crecimiento del 25.2%, gracias a la mayor presencia de especies como jurel, concha de abanico, pota, langostino y anchoveta. Para marzo, Produce reportó un crecimiento del 29.1% del PBI pesquero extractivo, marcando tres meses consecutivos de alza.
Pero esta industria enfrenta grandes desafíos relacionados con la informalidad. En Perú, la pesca se divide en industrial y artesanal. La industrial está orientada principalmente a la captura de anchoveta, y opera a partir de la quinta milla marina. Por su parte, la artesanal trabaja desde la orilla hasta las cinco millas, y es responsable de más del 80% del pescado que consumen los peruanos. A pesar de su importancia, la existencia de actividades fuera del marco legal amenaza no solo la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, sino también la competitividad de los actores formales.
Informalidad pesquera: pérdidas económicas y deterioro ambiental
La pesca informal es un serio problema para el país. Según la FAO, Perú pierde aproximadamente 1,200 millones de soles al año por esta práctica ilegal. El INEI estima que el 62% de la flota artesanal es informal. Sobre la informalidad en la pesca industrial no hay datos precisos, pero se sabe que invaden especialmente las cinco primeras millas del mar.
Esta informalidad no solo representa una pérdida económica, sino también un riesgo ambiental alto. Al operar fuera de cualquier regulación, las embarcaciones informales afectan zonas protegidas, destruyen los ecosistemas marinos y extinguen especies clave para la cadena alimentaria. De hecho, Produce estima que de los 3,200 millones de dólares en exportaciones de harina de pescado en 2024, 700 millones de dólares fueron generados por operadores informales.
El impacto de estas prácticas incluye la destrucción de hábitats, contaminación por derrames de combustible, uso de métodos destructivos como la pesca con explosivos y la pesca ilegal de especies como el tiburón, cuyas aletas son traficadas internacionalmente. El Perú enfrenta una reputación internacional cuestionada debido a esta actividad informal.
La formalización es clave para revertir esta situación. Existen registros específicos para pescadores, buzos, embarcaciones y asociaciones. Además, Produce regula la actividad industrial con límites de captura, vedas, y en algunos casos exige instrumentos ambientales como el PAMA o EIA. El problema no radica en la falta de normativas, sino en la falta de inclusión y control efectivo sobre los actores informales.
Formalizar para sostener: el camino hacia una pesca responsable
La formalización pesquera debe verse como una oportunidad y no como una traba burocrática. La regulación pesquera formal impone cuotas, vedas, fiscalización y monitoreo, medidas fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos. Sin embargo, muchos actores informales ven la formalidad como inaccesible o demasiado costosa, perpetuando así prácticas nocivas.
Es vital enfocar esfuerzos en educación, acompañamiento técnico y simplificación de procesos para la formalización. Por ejemplo, existe el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa), que permite regularizar embarcaciones y pescadores. A través de mecanismos como este, se puede proteger la biodiversidad marina sin perjudicar los medios de vida de miles de familias que dependen del mar.
Un enfoque clave es no recargar al sector formal con más exigencias, sino más bien atacar el problema real: la informalidad estructural. Presionar a quienes ya cumplen las normas no resolverá la crisis ambiental ni mejorará los ingresos nacionales. En cambio, formalizar y fiscalizar a los informales traerá beneficios ecológicos, económicos y sociales de largo plazo.
Adoptar un enfoque integral que combine incentivos, fiscalización y participación comunitaria será esencial para transformar el panorama pesquero del país: garantizar la seguridad alimentaria y conservar la riqueza marina para futuras generaciones.