Las Bambas en peligro por presencia de mineros ilegales

La unidad minera Las Bambas está ubicada en la región Apurímac a más de 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con reservas minerales de 4.6 millones de toneladas de cobre y recursos minerales que ascienden a 9.4 millones de toneladas de cobre. Con una extensión territorial de más de 35 mil hectáreas, casi el tamaño del Santuario Histórico de Machu Picchu, y pese al gran dinero que mueve en el país y la cantidad de empleos que genera, se encuentra afrontando una fuerte amenaza por la presencia de mineros ilegales.

Las Bambas fue concesionada en un inicio a favor de Xstrata Copper, luego pasó a manos de Glencore y finalmente a Minerals and Metals Group (MMG – subsidiaria de China Minmetals Co.), la actual y principal operadora (68 %), junto a sus socios Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5 %) y CITIC Metal Co. Ltd (15 %). En 2004, MMG adquirió el derecho para explorar en Perú y la fase comercial inició en julio de 2016. Desde entonces, los resultados han hablado por sí solos: solo un año después, en 2017, Perú obtuvo su segundo puesto como productor mundial de cobre, según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

El contrato ley: ¿Por qué Las Bambas no es igual que otras concesiones mineras?

En 2011, el Estado peruano firmó un contrato ley por el caso Las Bambas. A diferencia de otras minas que funcionan bajo concesiones que pueden compartir con terceros, Las Bambas es un régimen diferente. Tiene un contrato ley: un acuerdo especial con el Estado que le otorga el derecho exclusivo de explotación en su zona; es decir, nadie más puede sacar minerales allí. El suelo no les pertenece, pero sí tienen su uso exclusivo.

En el caso de este tipo de contratos en el sector minería, se busca asegurar al inversionista que la unidad económico administrativa donde realiza la inversión va estar sujeta a determinadas normas tributarias, administrativas, cambiarias estables que permiten entender cuál va a ser el retorno, el periodo en el cual puede recuperar su inversión y obtener las utilidades previstas. Por el lado del inversionista, este se encontrará obligado a cumplir un mínimo de inversión y poner en operación el proyecto minero que le corresponda.

Por lo tanto, las actividades extractivas ajenas al operador de Las Bambas en dicho territorio se consideran ilegales, dado que estarían dentro de una concesión formal otorgada por el Estado.

Minería ilegal tolerada por el Estado

La comunidad de Pamputa ha trabajado por años la tierra que ahora forma parte de Las Bambas. Pamputa posee los derechos de superficie de sus tierras, incluyendo la cantera de Apuchunta, pero no los derechos sobre los recursos minerales del subsuelo, que pertenecen a la minera. Esta situación ha generado diversos conflictos entre las partes, pero sobre todo ha sido un escenario propicio para los mineros ilegales que han logrado instalarse en la zona.

Actualmente, la mina ya construyó dos tajos en las montañas y está entre sus planes ejecutar un tercer tajo abierto. Pese a esto, los mineros ilegales de la zona se resisten a parar sus operaciones. “Estamos ante la mayor operación informal de cobre que se haya identificado en el país”, calificó la operadora de Las Bambas al referirse a la actividad minera conocida como Apuchunta. Además, alertó que esta práctica podría afectar inversiones en el futuro.

Pero los mineros ilegales ya no se sienten excluidos, sino más bien empoderados gracias al Reinfo, el Registro Integral de Formalización Minera, el cual acaba de ser ampliado hasta el 31 de diciembre por el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. Este sistema colapsado se ha convertido en sus doce años de actividad en un mecanismo para encubrir actos delictivos, bajo el interminable proceso de formalización. El Estado ha dejado nuevamente la puerta abierta a más ilegalidad.

Anteriormente, el proyecto Las Bambas intentó acercarse a las comunidades locales y brindarles incentivos financieros para carreteras, colegios y centros de salud, así como para el mejoramiento de la producción agrícola y el desarrollo de medianos y pequeños negocios. Sin embargo, no recibió una respuesta favorable. El conflicto en la zona es perenne. La presencia de mineros ilegales azuzando a los comuneros contra la mina es cada vez más radical. Solo en junio de este año han atacado a trabajadores de seguridad, incendiado equipos y bloqueado vías.

Las Bambas tiene una vida útil de más de 18 años y produce principalmente cobre, pero también oro y plata. Según señaló Bloomberg, se suele obtener más dinero cuando el mineral se consigue de forma ilegal, debido a que los mineros ilegales tienen menos gastos de producción y cero costos por aranceles. Por su parte, Las Bambas asegura un cumplimiento de prácticas de sostenibilidad medidos por indicadores constantemente, algo que la minería ilegal no puede prometer.

El contrato está firmado, ¿lo hará cumplir el Estado? Si otros mineros ingresan al territorio de Las Bambas están realizando un acto ilegal y, sobre todo, peligroso, ya que no se protegerá el medio ambiente y a su vez alejará a futuros inversionistas de proyectos mineros en el país. Quedará en manos del Estado quitarle los beneficios a los mineros ilegales.