30×30: ¿meta científica o número político? la conservación marina en debate

UN OBJETIVO GLOBAL, UNA REALIDAD DIVERSA

Durante la COP15 celebrada en Montreal en 2022, el Perú firmó el Tratado de Kunming-Montreal, compromiso que incluye la meta 30×30, uno de los pilares del Acuerdo por la Biodiversidad impulsado por las Naciones Unidas. Este objetivo busca que los países protejan al menos el 30% de sus zonas terrestres y marinas antes de 2030, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13, 14 y 15.

La intención es noble: preservar los ecosistemas más valiosos del planeta frente a amenazas como la contaminación, la sobreexplotación de recursos o el cambio climático. Sin embargo, desde diversos sectores académicos, técnicos y productivos, comienza a crecer una pregunta incómoda: ¿por qué 30%?

¿POR QUÉ 30%?

El propio documento “Guía para la implementación del objetivo 30×30” plantea una paradoja: la pregunta “¿cuánto es suficiente?” no tiene una respuesta clara. Reconoce que la proporción necesaria de conservación depende de múltiples factores, como la ubicación y la riqueza biológica de los ecosistemas. No obstante, fija un umbral global de 30% -incluso sugiere que podría subir hasta un 70%- sin acompañar esta decisión con evidencia científica concreta.

En este marco, el 30% aparece más como un número político de consenso que como una meta técnica fundamentada. Una cifra redonda, fácil de comunicar y simbólicamente poderosa, pero que podría simplificar en exceso una realidad compleja y heterogénea.

UN ESTÁNDAR ÚNICO PARA REALIDADES DESIGUALES

La aplicación por igual del 30×30 a todos los países ignora las enormes diferencias entre territorios. El 30% de Estados Unidos no representa lo mismo que el 30% de Haití, ni las implicancias de proteger el 30% del océano en un país insular como Panamá se comparan con las de un país andino-amazónico como Perú.

¿Debe aplicarse el mismo criterio a naciones con poca superficie terrestre y gran dependencia del mar para su economía? ¿Tiene sentido exigir el mismo nivel de conservación a un país industrializado con alta inversión en fiscalización, que a una nación en desarrollo con limitaciones técnicas y financieras?

LAS AMBIGÜEDADES DEL OBJETIVO

Otra debilidad estructural del 30×30 es la falta de claridad sobre lo que realmente se pretende conservar. El documento se refiere a “zonas terrestres y marinas”, pero no especifica si el enfoque está en la superficie, la biodiversidad, los ecosistemas o las especies.

¿Cómo se mide la efectividad de proteger áreas donde la fauna es migratoria o los ecosistemas son dinámicos? ¿Qué significa proteger un porcentaje del mar si no se fiscaliza el uso que se hace de esas zonas? Sin una definición precisa y mecanismos de monitoreo sólidos, el riesgo es que el 30% se convierta en un mero ejercicio contable, más útil para informes de cumplimiento que para una conservación real.

¿META AMBICIOSA O IMPRECISA?

La meta 30×30 se presenta como un gran avance global. Pero sus fundamentos -técnicos, jurídicos y científicos- siguen siendo motivo de cuestionamiento. Antes de asumir compromisos porcentuales que podrían tener implicancias profundas en el ordenamiento territorial, la economía y el desarrollo nacional, es necesario exigir un debate técnico serio, transparente y con base científica.

¿De qué sirve declarar más áreas protegidas si no se fiscalizan? ¿Cómo se equilibra la conservación con las necesidades de un país que aún lucha contra la pobreza y la informalidad? ¿Es el 30×30 una solución o una meta simbólica sin raíces firmes?

El verdadero reto no es sumar más áreas en una lista, sino construir un modelo de conservación inteligente, eficaz y adaptado a la realidad de cada país.