La inacción del ministro de Energía y Minas frente a la minería ilegal

Tras doce años de un mecanismo colapsado y sin resultados favorables para la minería en el Perú, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, insistió en la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Si bien el economista no precisó por cuánto tiempo más seguirá en vigencia, señaló que “no habrá una prórroga indiscriminada” del sistema. El último viernes indicó ante el Pleno del Congreso —que lo interpeló por sus acciones que sugieren una excesiva flexibilidad hacía los informales y su inacción frente a los ilegales— que dicha medida regirá bajo el marco de la Ley 32213 que le permite disponer de una prórroga de hasta seis meses.

El REINFO, que originalmente buscaba integrar a los mineros informales a un proceso de legalización, se ha convertido con el tiempo en un escudo para la ilegalidad en el sector minero, según los expertos. El abogado en materia ambiental, César Ipenza, considera que este modelo ha fracasado porque facilita la operatividad minera a pesar de que no se cumplen con los requisitos para la formalización. “Se puede destruir mientras se opera, contaminar, pero no se puede procesar, por ejemplo, por delito de contaminación o destrucción del patrimonio; y lo que vemos de manera constante es que se usa el REINFO para evadir la sanción penal”, explica.

La ilusión de una mediana y pequeña minería sostenible en el Perú se ha desvanecido en los últimos años; y el ministro Montero no da señales de cambiar de rumbo. El titular del Ministerio de Energía y Minas defiende la vigencia del REINFO hasta finales de año porque asegura que se viene impulsando la formalización de más de 3 mil inscripciones de minería, que ya cuentan con título de concesión minera o contrato de explotación. Pero esta cifra ya no suena atractiva si la comparamos con que en los doce años de existencia, hay un total de 9 mil 254 exclusiones del sistema. Es decir, el número de exclusiones es tres veces mayor que el número de mineros en proceso de formalización. El REINFO fue un fracaso, solo llegó a formalizar al 2% de los registrados.

Montero tampoco ha precisado que en el mismo período sólo el 1.5 % de mineros se formalizaron con el REINFO, según la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin). «En el proceso de formalización, nos han pedido unos requisitos que no se pueden cumplir, como es el contrato de explotación. Entonces, por esa razón, somos ahorita informales”, cuestiona el presidente del Confemin, Máximo Franco Becker. Pero no es el único silencio del ministro de Energía y Minas.

RENAPMAT, un segundo REINFO que no brinda soluciones

Lejos de buscar una solución real frente a los retos de la minería, Montero continúa sin pronunciarse respecto al predictamen de la llamada Ley MAPE —Ley que busca regular el régimen especial para la pequeña minería y minería artesanal— pese a que cuando asumió el cargo anunció una nueva propuesta de la normativa. No son pocas las organizaciones, como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), que sugieren que la Ley MAPE en realidad supone el continuismo bajo el velo de una nueva denominación.

Este 30 de junio expirará el REINFO, y frente a ello el predictamen de la Ley MAPE emitido por la Comisión de Energía y Minas del Congreso plantea reemplazarlo por el Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional Ancestral (RENAPMAT). Si ya la propuesta había despertado desacuerdos porque contemplaba que el RENAPMAT inscriba automáticamente a los mineros que ya se encontraban en REINFO sin exigirles mayores requisitos, el malestar se ha incrementado con el silencio de Jorge Montero, quien deberá explicar a la ciudadanía cuáles son las medidas que tomará para evitar que la minería ilegal siga avanzando.

Cabe precisar que el Congreso ha decidido postergar el debate de la Ley MAPE y dejarlo fuera de esta legislatura. Pero las respuestas de Montero no llegan y los mineros informales cada vez la tienen más fácil.

Minería ilegal sobre patrimonio

Recientemente, el Ministerio de Cultura anunció la disminución del área protegida de las Líneas de Nasca. A diferencia de ahora, en dicha ocasión el titular de Energía y Minas no demoró en declarar e invitó a los mineros que operaban en la zona a solicitar permisos para que continúen con su actividad con normalidad, pues ya no estarían actuando en un supuesto de ilegalidad. Por su parte, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, aceptó que en la zona operaba minería ilegal. Frente a las duras críticas, tuvo que revertir su decisión.

A las polémicas decisiones del Ministerio de Energía y Minas se suma la presencia de un “asesor” de mineros informales en la Dirección General de Formalización del sector: la de Máximo Gallo Quintana.

Un año atrás, cuando el titular del sector era Rómulo Mucho, Gallo visitó el MINEM junto a una comitiva de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) —uno de los gremios más activos de mineros informales— y se presentó como su “asesor”. Durante ese encuentro, Mucho y Gallo analizaron temas como la nueva ley para mineros pequeños y artesanales, el Plan Nacional de Formalización, y el futuro de los mineros en la Poligonal de las Líneas de Nazca.

En enero de este año, cuando Jorge Montero ya era ministro, nombró a Gallo director de Formalización. Él ha sido parte de la elaboración de propuestas para el REINFO y la Ley MAPE, como apoyo de Fernamarpe y como parte del Ministerio de Energía y Minas. Es decir, pasó de representar intereses gremiales a ocupar un cargo clave en el Estado bajo el aval del actual ministro de Energía y Minas.