Caso Líneas de Nazca: el Ministro de Energía y Minas y su intento fallido por legitimar a los mineros ilegales

Las Líneas de Nazca, uno de los territorios arqueológicos más enigmáticos del mundo, se ha convertido en las últimas semanas en un campo de disputa que ha dejado serias dudas sobre cómo el Ejecutivo afronta la minería ilegal en el Perú. A fines de mayo, el Ministerio de Cultura publicó una resolución en el diario oficial El Peruano que encendió las alarmas: el marco perimétrico del área protegida sufría una reducción de 2,400 kilómetros cuadrados, quedando con un 42% del tamaño que se delimitó hace un par de décadas. Fabricio Valencia, el titular del sector, explicó que su decisión optimizaría la gestión del lugar, que estaba respaldada por “sesudos” estudios y que no afectaría el patrimonio en lo más mínimo. Sin embargo, su decisión supuso un nuevo campo de exploración en beneficio directo de los mineros informales: cinco días después, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) registró más de 60 pedidos para separar denuncios mineros.

Las razones de Valencia no tranquilizaron a la ciudadanía. Desde hace más de una década la reserva ha sido invadida por mineros ilegales en busca de oro y cobre. Reducir la zona intangible significaba dejar el resto de la reserva a merced de los campamentos, legitimar su explotación y ampliar su impacto. Al cabo de unos días, Jorge Montero, el ministro de Energía y Minas, se pronunció: “Las personas que están actuando allí tienen que poner a derecho sus actividades mineras. Ahora que la zona ya no es patrimonio arqueológico ya no están en un supuesto de ilegalidad. Eres ilegal total cuando actúas en un territorio donde está prohibida la actividad minera, pero dado que esa restricción patrimonial cultural no existe, ya no estarían en un supuesto de ilegalidad”, sostuvo. Por un lado las declaraciones de Montero parecían ser las de un ministro que invita a la formalización, pero por el otro avaló que el Estado le abriera la puerta a personas que han depredado unas pampas declaradas por la Unesco como Patrimonio Histórico y Cultural en 1994 al albergar ochocientos geoglifos de hasta 270 metros de longitud y más de 2000 años de antigüedad.

A finales de 2024, el mismo Ejecutivo advirtió que la minería ilegal ponía en riesgo la reserva arqueológica de Nazca. Pese a que, en el Perú, la minería está prohibida por ley en tierras agrícolas intangibles, en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus zonas de amortiguamiento y monumentos arqueológicos por ser zonas dedicadas a la conservación de la biodiversidad, en la práctica, esta actividad continúa degradando gravemente estos ecosistemas. No obstante, la presencia de la minería en las Líneas de Nazca puede constatarse con claridad. Según el Catastro Minero del Ingemmet, en los trece distritos del área intangible original existen 596 derechos mineros titulados y 728 derechos mineros en trámite. Ahora, tras la decisión de Cultura, se han sumado 60 pedidos más para separar denuncios mineros por hasta 100 hectáreas y por los cuales, los solicitantes pagaron 300 dólares. A su vez se ha revelado que existen 2.593 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de las cuales el 90% se encuentra en condición suspendida.Frente al rechazo generalizado de la reducción de la zona protegida, el Ejecutivo se vio obligado a dar marcha atrás. Pero los cuestionamientos continuaron. El viernes 13 de junio, un día después de que el Congreso le otorgara el voto de confianza al gabinete de Eduardo Arana, los ministros de Cultura y de Energía y Minas fueron interpelados por la Cámara. Si bien la responsabilidad del caso Líneas de Nazca ha recaído en Fabricio Valencia, la implicancia de Jorge Montero no se puede soslayar. Según el artículo 128, los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. El actual Ministro de Energía y Minas Jorge Montero no ha podido marcar el rumbo en una de las problemáticas más sensibles del país, pero su accionar no genera confianza en la lucha contra los informales e ilegales.