Contrataciones a dedo en el Congreso: Congreso gasta millones en asesores sin experiencia

La Mesa Directiva ha puesto en marcha un mecanismo que permite contratar personal de confianza sin acreditar formación profesional, experiencia ni pasar por procesos de selección pública. Todo, bajo el paraguas de un acuerdo interno aprobado en reserva, que muchos congresistas ni siquiera conocían.

Este sistema, bautizado internamente como “módulo de personal de confianza”, fue aprobado en 2022 durante la gestión de José Williams, y se ha mantenido durante los mandatos de Alejandro Soto y Eduardo Salhuana. En la práctica, se trata de una modalidad paralela de contratación que ha permitido inflar las planillas del Parlamento con asesores designados a dedo, sin cumplir los requisitos mínimos que exige la Cartilla de Información Administrativa vigente.

La única condición para ingresar a este módulo es la firma del presidente del Congreso. No se exige título universitario, trayectoria profesional ni conocimientos técnicos. Así, cualquier persona con vínculos políticos o cercanía a los grupos de poder del Legislativo puede acceder a un puesto remunerado por el Estado.

GASTO MILLONARIO SIN CONTROL

El impacto presupuestal ha sido significativo. Según el programa Cuarto Poder, solo en abril de 2025, el Congreso destinó S/ 491,810 para pagar los sueldos de 58 trabajadores del módulo de confianza. Durante los primeros nueve meses de gestión de Salhuana, el gasto acumulado superó los S/ 3 millones.

El mecanismo ha despertado críticas desde diversos sectores. El analista electoral Alejandro Rospigliosi advirtió que buena parte de estos nuevos asesores no cumple funciones legislativas reales, sino que se dedican a apoyar campañas políticas, organizar eventos o manejar redes sociales con fines partidarios. Es decir, se estaría usando el presupuesto del Congreso para financiar actividades políticas privadas.

UN ACUERDO DE CONTRATACIONES OPACAS

El Acuerdo de Mesa N.º 072-2022-2023, que dio origen a este esquema, fue aprobado de forma reservada y sin consulta al pleno del Congreso. Legisladores como Paul Gutiérrez y Guido Bellido han declarado públicamente que no sabían de su existencia ni de cómo se canalizaban estas contrataciones.

La decisión concentra el poder de contratación en manos de un puñado de miembros de la Mesa Directiva y elimina cualquier filtro técnico o presupuestal, poniendo en evidencia las debilidades estructurales del control interno parlamentario. Pese a que se trata de gastos significativos, no existe una rendición de cuentas clara ni mecanismos de supervisión externa que evalúen el desempeño de este personal.

Formalmente, el Congreso tiene autonomía para regular su funcionamiento. Pero la creación de este módulo -y su expansión silenciosa- evidencia cómo esta autonomía está siendo utilizada como escudo para prácticas clientelistas, en desmedro de la transparencia y la meritocracia en la administración pública.

En un país donde los servicios básicos colapsan por falta de recursos y donde más del 70% de trabajadores vive en la informalidad, el Congreso destina millones a un sistema que sirve más para pagar favores que para fortalecer la función legislativa.

Mientras los peruanos enfrentan recortes presupuestales, hospitales sin médicos y escuelas sin infraestructura, el Parlamento se sigue blindando para proteger sus propios privilegios. Una nueva muestra de que el poder, en el Perú, se ejerce sin pudor y sin consecuencia.