IDL habría desviado fondos a ONG fantasma

Han pasado más de dos meses desde que se promulgó la Ley N.º 32301, que busca poner orden en el manejo de los fondos que las ONG reciben desde el extranjero. Sin embargo, hasta hoy, la norma sigue sin reglamento, lo que no permite implementar la ley, y eso ha generado que muchas organizaciones continúen operando como antes: sin fiscalización real, sin rendición de cuentas y, en algunos casos, destinando dinero a fines ajenos a lo declarado.

La ley fue clara en su intención: exigir que todos los fondos provenientes de la cooperación técnica internacional -es decir, recursos entregados por gobiernos, agencias o entidades extranjeras a ONG en Perú- sean registrados ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI); impedir que esos recursos se utilicen para financiar acciones legales contra el Estado peruano; y facultar a la APCI para fiscalizar con más fuerza y aplicar sanciones. Pero, sin reglamento, estas medidas siguen en el papel.

Mientras tanto, hay organizaciones que siguen aprovechando el limbo normativo. Un caso emblemático es el del Instituto de Defensa Legal (IDL). Recientemente, la APCI le impuso una multa de S/ 34 mil por negarse a colaborar con la fiscalización de un proyecto financiado con US$ 1.35 millones de Open Society, ejecutado entre 2021 y 2024.

Lo más preocupante es que parte de ese dinero fue transferido a Comisedh, otra ONG que también tuvo que ser citada por la APCI para explicar en qué se gastaron los fondos, pese a no ser la receptora directa del financiamiento. Esta triangulación de recursos entre organizaciones -sin supervisión clara ni registro público de los convenios- incrementa el riesgo de opacidad y dificulta el seguimiento del uso real del dinero.

Peor aún, la ONG ha interpuesto una acción de amparo contra la ley -que será revisada este 29 de septiembre- con el objetivo de evitar que se le apliquen las nuevas obligaciones establecidas, como registrar sus proyectos ante la APCI, rendir cuentas sobre el uso de fondos de cooperación internacional y abstenerse de utilizar dichos recursos en acciones legales contra el Estado. El argumento: que la ley vulnera su libertad de asociación. Pero lo que está en juego no es ese derecho, sino el principio básico de transparencia en el uso de dinero extranjero.

Hoy, más del 85% de las ONG que reciben cooperación técnica internacional no registran sus actividades ante la APCI. ¿Qué esperan el Congreso y el Ejecutivo para aprobar el reglamento? Sin esta herramienta, la ley es letra muerta, y el dinero -que supuestamente debería destinarse a causas nobles o fines de interés público- puede seguir financiando campañas políticas, litigios ideologizados o intereses particulares, sin que nadie lo cuestione.

La transparencia no puede depender de la buena voluntad de las ONG. Necesitamos reglas claras, supervisión efectiva y sanciones aplicables. Y eso no será posible mientras el reglamento siga ausente.