Angélica Gutiérrez, administradora del IDL, bajo investigación por presunto uso irregular de fondos de cooperación

En medio de la espera del reglamento de la ley que modifica la Ley de Creación de la APCI, que busca fiscalizar los fondos que las ONG reciben del extranjero, el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha sido puesto en el centro del debate. La administradora de esta organización, Angélica Gutiérrez Tafur, es investigada como figura clave en el manejo de recursos provenientes de la cooperación internacional.

Angélica Gutiérrez, ha trabajado en IDL desde 2004 y actualmente es la responsable financiera de sus proyectos. En 2009, integró el Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia, ese mismo año se incluyó en el Registro Único de Víctimas a la exsenderista Jenny Romero Coro, defendida por el abogado Carlos Rivera Paz, directivo de IDL. Según la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote), Jenny Romero alias “camarada Lucero”, formó parte del grupo que asesinó a tiros a María Elena Moyano. Cabe resaltar que Jenny Romero recibió un terreno bajo concepto de reparación civil por parte de la Comisión de Reparaciones en la asociación de vivienda Hubert Lanssiers, en Huachipa.

El vínculo entre Angélica Gutiérrez, la defensa legal de exterroristas y la entrega de reparaciones ha levantado sospechas de conflicto de intereses, ya que Gutiérrez, siendo administradora del IDL -organización que patrocinaba legalmente a estas personas-, ocupó en 2009 un cargo en el Consejo de Reparaciones, entidad encargada de entregar beneficios a víctimas del conflicto armado.

Según fuentes de inteligencia del Ministerio del Interior, Gutiérrez estaría siendo investigada como parte de una pesquisa más amplia sobre el presunto uso irregular de fondos de cooperación internacional en actividades no declaradas o ajenas a su finalidad original. La indagación incluiría también a otros líderes del IDL, como Gustavo Gorriti, Carlos Rivera Paz, Glatzer Tuesta y César Bazán Seminario, por su posible implicancia en la gestión de esos recursos.

Ella es la encargada de declarar los proyectos del IDL ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y aunque mantiene un perfil bajo, tendría, al parecer, un papel decisivo en el manejo económico de la ONG.

Este caso ha reavivado el debate sobre la urgencia de reglamentar la nueva ley aprobada por el Congreso, que exige a las ONG mayor transparencia y rendición de cuentas. Si bien la norma no prohíbe recibir fondos extranjeros, sí obliga a reportar su uso, algo que -según sus defensores- no debería incomodar a quienes manejan recursos públicos. En ese contexto, la pregunta sigue vigente: ¿para cuándo su reglamentación?