La amenaza silenciosa que debilita las elecciones 2026, por Óscar Zapata

Escribe Óscar Zapata, presidente de PERUCÁMARAS

En estos días de profunda incertidumbre política y el dolor causado por la masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz, el país se enfrenta a un nuevo y peligroso desafío: La inscripción fraudulenta de partidos políticos mediante firmas falsas. Este es un problema que socava los cimientos de nuestra democracia y pone en entredicho la legitimidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

La inscripción de organizaciones políticas sobre la base de firmas falsificadas no solo es un delito tipificado en el Código Penal (Art. 427), sino una afrenta directa a los principios fundamentales de un Estado de Derecho. No podemos permitir que los principios de legalidad y transparencia sean vulnerados impunemente. Un partido político no puede sustentarse en el engaño sin contravenir el orden jurídico. Por ello, cualquier inscripción obtenida mediante fraude debe ser anulada de pleno derecho.

Asimismo, el proceso electoral debe garantizar la expresión genuina de la voluntad ciudadana. Mantener en competencia a organizaciones basadas en prácticas fraudulentas no solo distorsiona el resultado electoral, sino que erosiona la confianza pública en nuestras instituciones. Un sistema electoral basado en el fraude es un sistema condenado a la deslegitimación y el caos.

La gravedad del problema exige que se impongan sanciones severas tanto penales como administrativas a los responsables del fraude. La Ley de Organizaciones Políticas establece requisitos claros para la inscripción que deben cumplirse de manera legítima y verificable. Si se demuestra que un partido ha falsificado firmas para obtener su inscripción, la consecuencia lógica debe ser la cancelación inmediata de su registro.

Pero no basta con castigar; es fundamental prevenir. La impunidad no solo envilece a las instituciones, sino que sienta un precedente funesto que normaliza la informalidad y socava los valores éticos del sistema electoral. No podemos permitir que aquellos que han defraudado al electorado aspiren a representar legítimamente a la ciudadanía.

En ese sentido, es momento de implementar un sistema de validación digital obligatorio para todas las inscripciones y afiliaciones partidarias. Este sistema debe basarse en mecanismos de autenticación biométrica y verificación mediante códigos únicos vinculados al DNI. De esta forma, se asegurará que cada ciudadano confirme su afiliación de manera segura y verificable.

Además, es urgente establecer una revisión continua de los registros de afiliación. Esto permitirá que cualquier ciudadano pueda consultar su estatus electoral y rectificar posibles inscripciones no consentidas, sin costo alguno. Un sistema digital de validación no solo reforzará la integridad del proceso electoral, sino que reducirá significativamente los riesgos de falsificación y suplantación de identidad.

De igual forma, contemplemos la posibilidad de implementar auditorías periódicas a los padrones partidarios, de modo que se verifiquen y actualicen las afiliaciones de manera constante. Esto no solo brindará mayor transparencia, sino que permitirá al elector ejercer un control efectivo sobre su participación política.

El JNE tiene una responsabilidad histórica: Velar por la integridad del proceso electoral y garantizar que quienes aspiran a liderar el país lo hagan de manera legítima, sin atajos ni fraudes. Nuestra democracia no puede permitirse menos.