Tercerización laboral y tope de tasas de interés: la urgencia de derogar ambas normas

TERCERIZACIÓN LABORAL

En 2022, a través del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, se modificó la ley de tercerización laboral prohibiendo que las empresas tercericen actividades vinculadas al “núcleo de su negocio”.

La restricción planteada por el Ministerio de Trabajo tendría un impacto directo en la generación de empleo, pues la tercerización es una figura que genera muchos puestos de trabajo. Según Apoyo Consultoría, el 82% de las empresas del país cuentan con trabajos tercerizados. De acuerdo con ComexPerú, más de 100,000 empleos estarían en riesgo de aplicarse la norma.

Aunque la medida fue justificada como una forma de evitar abusos laborales, sus efectos podrían ser contraproducentes. Más de 300 empresas presentaron una denuncia de barrera burocrática ante Indecopi, alegando que la norma podría vulnerar la libertad de organización empresarial y afectaría el empleo formal.

TOPE DE TASAS DE INTERÉS

La segunda norma en la mira es la ley de tope de tasas de interés -vigente desde 2021-. El objetivo de la norma es proteger a los consumidores de la usura en el sistema financiero. Sin embargo, según el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca Y Seguros (SBS), la norma tuvo un impacto colateral grave: se restringió el acceso al crédito formal, especialmente para los sectores más vulnerables.

Sin alternativas en el sistema financiero formal, muchos ciudadanos se han visto empujados a acudir a esquemas de crédito informal, como el “gota a gota”, con altos intereses y mecanismos de cobro peligrosos.

Una derogación de esta ley estuvo cerca en marzo de 2025, pero un error en la contabilización de votos en el Congreso frustró su eliminación. Hasta la fecha, se espera una nueva votación.

INACCIÓN QUE CUESTA

Ambos casos reflejan un patrón preocupante: el Congreso no está cumpliendo con su rol correctivo frente a normas que ya han demostrado tener efectos adversos. En lugar de legislar con evidencia y oportunidad, el Parlamento parece paralizado, dejando que sea el poder judicial o entidades administrativas las que decidan sobre temas que afectan el bolsillo de los contribuyentes.