Reforma al reparto de utilidades en el sector eléctrico: un peligro para el bolsillo de miles de peruanos

El Congreso aprobó en primera votación el dictamen recaído en los proyectos de ley 1644/2021-CR y 2117/2021-CR, que modifica el cálculo del reparto de utilidades del sector eléctrico, duplicando su participación del 5% a 10% hacia 2030. Pese a que la reforma parte de una intención legítima al intentar abordar la desigualdad existente en el Perú de compensación dentro de empresas, al final termina por desnaturalizar un mecanismo empresarial, convirtiéndolo en un instrumento de redistribución ineficiente.

Estimaciones preliminares señalaron que las tarifas eléctricas podrían subir hasta un 4% en el mediano plazo, con un impacto directo en hogares de bajos recursos y pequeñas empresas, quienes deberán apretar un poco más su bolsillo para poder cubrir el aumento en las tarifas.

No solo la economía de cientos de familias se verá afectada. El proyecto generaría que muchas personas vean la informalidad como un espacio atractivo. De acuerdo con la ley, el 75% del reparto se calculará en función de los días trabajados y solo el 25% por remuneración. Es decir, el mérito y desempeño laboral quedan rezagados frente a esta medida. Además, al elevar el costo de la planilla formal, muchos trabajadores caerían en la informalidad.

MEDIDA CON ALCANCE LIMITADO

En el país, solo el 1.7% (295,595) del total reciben utilidades, en el sector eléctrico, esta norma solo beneficiaría a cerca de 7 mil personas. Mientras tanto, más de 30 millones de peruanos podrían terminar pagando tarifas más altas, lo que cuestiona la efectividad redistributiva de la medida. Lejos de cerrar brechas, la medida frenaría inversiones y reduciría la cobertura eléctrica del país, a la población que no logra acceder a servicios básicos.

Pese a que la medida no cuenta con un análisis técnico amplio, fue aprobada solo con la presencia de 78 congresistas, lo que generó críticas por la falta de debate y evaluación costo beneficio en el ámbito regulatorio. No se trata de debilitar los incentivos, encarecer el empleo formal y comprometer servicios esenciales. El objetivo debe ser combatir la desigualdad y fortalecer las políticas públicas en sectores clave como educación, salud, transporte y empleo. Redistribuir mejor no es repartir igual.