¿Hay competencia en el puerto de Chancay? El debate entre el Estado y Cosco por una posible regulación de tarifas

El megapuerto de Chancay, una de las obras de infraestructura más ambiciosas de los últimos años, aún no entra al 100% de su funcionamiento y ya se enfrenta a una disputa entre la empresa que lo administra y el Estado peruano. ¿El motivo? Una supuesta falta de competencia en los servicios que ofrecerá y si corresponde o no que el Estado regule sus tarifas.

El megapuerto de Chancay no es una concesión otorgada por el Estado, sino una inversión privada. Fue construido por una empresa China (COSCO Shipping Ports Limited) en sociedad con una empresa peruana. Cabe resaltar que los chinos tienen el 60% de participación dentro de esta sociedad peruana llamada COSCO Shipping Ports Chancay Perú S.A.

El puerto ofrecerá servicios de carga y descarga de contenedores, almacenamiento y logística, y un número mayor de servicios. OSITRAN -organismo regulador del Estado- tiene dentro de sus competencias la supervisión de la explotación de la infraestructura de transporte de uso público (incluidos puertos), y por tanto, alega, que a pesar de no tratarse de una concesión del Estado, igual se encuentra en capacidad de supervisar la operación del puerto de Chancay, mas aun cuando no existen condiciones de competencia.

INDECOPI entró en la discusión y señaló que en el puerto de Chancay no existen condiciones de competencia en la prestación de servicios, si se compara con el puerto del Callao operado por APM Terminals y DP World. Concluye que no existiría competencia entre ambos puertos, dado que los accesos (baja conectividad vial) al puerto de Chancay  son más complejos y costosos. Por tanto, bajo un escenario como ese, Chancay funcionaría bajo una suerte de monopolio.

Y cuando no hay competencia —señalan las normas peruanas—, el Estado puede  intervenir regulando tarifas para evitar abusos de precios. Eso es lo que permitiría a OSITRAN regular las tarifas de los servicios prestados en el nuevo puerto.

COSCO BUSCA GANAR LA DISCUSIÓN

En medio de la discusión, en 2024 COSCO presentó una acción de amparo contra OSITRAN. Argumentó que, al no tratarse de una concesión, de existir una posible regulación por parte de OSITRAN, se atentaría contra su libertad de empresa, derecho a la propiedad y seguridad jurídica para la inversión.

Mientras la demanda avanza en el Poder Judicial, lo cierto es que el conflicto está lejos de resolverse. Por un lado, el Estado quiere asegurarse de que un puerto de uso público como Chancay no termine imponiendo precios sin control. Por otro, COSCO defiende que su inversión, al no haber sido concesionada por el Estado, debe tener plena libertad empresarial.

El futuro del megapuerto de Chancay no solo dependerá de su infraestructura y operaciones logísticas, sino también de cómo se resuelva este debate clave entre regulación, competencia y atracción de inversión privada. Lo cierto es, que tenemos en nuestro país al hub marítimo más importante de la región para unir el comercio entre América y Asia. Aprovechemos esta ventaja.