Congreso de la República reduce requisitos para contratar familiares de funcionarios públicos por parte del Estado

De acuerdo a la nueva norma, el impedimento de familiares de funcionarios públicos para contratar con el Estado se mantiene hasta el segundo grado de consanguinidad (incluye padres, hijos, hermanos ) y segundo de afinidad (incluye al cónyuge, al conviviente, hasta los parientes de su cónyuge, en segunda línea. Incluye a los abuelos, nietos y hermanos del cónyuge.

Sin embargo, el plazo del impedimento para contratar con el Estado ha sido flexibilizado. Antes, el familiar de un funcionario del Estado no podía contratar con instituciones públicas dentro de un plazo de 12 meses desde que su familiar dejó el cargo. La nueva ley redujo este plazo de impedimento de 12 a 6 meses siguientes a la culminación del cargo por parte del funcionario público.

Ahora se ha puesto mayor énfasis también, en que el impedimento tenga solo alcance territorial e institucional para los familiares de la mayoría de funcionarios públicos. Los parientes de, por ejemplo, él gobernador regional de Arequipa, están impedidos de contratar solo con autoridades del Gobierno Regional de Arequipa. Sin embargo, sí pueden contratar con otras instituciones estatales. Para el caso de los congresistas, el impedimento a su familiar solo alcanza a todo proceso de contratación en el ámbito de competencia institucional (Congreso de la República).

La norma también incluye excepciones expresas al impedimento, cuando los familiares tengan un contrato suscrito con el Estado o hubiesen ejecutado algunos contratos con el Estado los años anteriores. Esta es una novedad reciente, que no existía en la norma anterior.

REPERCUSIONES SOBRE LA NUEVA LEY

De acuerdo con un informe del portal periodístico Ojo Público, 38 familiares de 30 congresistas fueron beneficiados con adjudicaciones públicas entre el 2011 y 2024, contraviniendo la norma que prohíbe esta acción. Además, el mismo medio señaló que, al menos, 21 parientes de 20 legisladores fueron sancionados por el Organismos Supervisor de la Contrataciones del Estado (OSCE), entre 2023 y 2024. Entre los familiares, se reveló que la mayoría provenía de los partidos de Fuerza Popular, Bloque Magisterial y Podemos Perú.

La modificatoria despertó las alarmas del Colegio de Abogados de Lima que señaló que la nueva ley flexibiliza el proceso de contrataciones con el Estado entre familiares de funcionarios públicos, lo que podría generar un posible conflicto de intereses.

Pero por otro lado, surge la siguiente disyuntiva:  ¿por el simple hecho de ser un familiar de un funcionario público se puede restringir el derecho al trabajo o la libertad de contratación? Lo cierto es que existen antecedentes sobre este tipo de casos. En 2020, el Tribunal Constitucional (TC), declaró fundada una demanda presentada por Domingo García Belaunde, quien argumentó que se había vulnerado su derecho a la libertad de contratación por haberse visto obligado a renunciar a su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y a contratar con el Estado, debido a que su hermano era congresista. El TC estableció que, la norma anterior, era desproporcionada y suponía un atentado a la libertad de contratación.

En conclusión, creemos que debe haber un equilibrio. Contar con un impedimento para los familiares de funcionarios como regla general esta bien. La experiencia nos dice que muchos funcionarios públicos abusan de su posición y utilizan a familiares para sus intereses. Pero por otro lado, creemos que el impedimento debe tener efectivamente ciertas excepciones y limitaciones, y no aplicarse a rajatabla para todos los casos. Tener una limitación territorial e institucional es bueno, y ahora, como la nueva ley lo establece, contar con excepciones puntuales creemos que también es correcto.