Fecha: 8 abril, 2025 Tipo de cambio : s/ 3.686

Congreso aprueba polémico dictamen sobre utilidades en el sector eléctrico: ¿un avance o un riesgo para los contribuyentes?

El Parlamento dio luz verde a una reforma que, aparentemente, democratiza la repartición de utilidades a los trabajadores del sector eléctrico industrial peruano.Sin embargo, los expertos advierten que la medida podría traducirse en un alza de tarifas para los ciudadanos y no necesariamente en una retribución por una mayor productividad.
Gabriela Llontop Publicado 11:26 am, 3 abril, 2025

El camino al infierno es un sendero de buenas intenciones y la aprobación del dictamen que intenta democratizar la repartición de utilidades en el sector eléctrico en el Congreso de la República es prueba de ello. Esta propuesta legislativa obtuvo 61 votos a favor, 27 en contra y 4 abstenciones, sin embargo, aún debe pasar por segunda votación en el Pleno. Expertos se pronunciaron al respecto y aseguraron que esta norma beneficiaría únicamente a un porcentaje de trabajadores de la industria eléctrica en el país. A su vez, se corre el riesgo de que se incremente el servicio eléctrico en el país para cubrir con los impuestos arbitrariamente por la representación nacional.

El dictamen aprobado modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 892, el cual regula el derecho a los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Este artículo estipula que los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente Decreto Legislativo participen en las utilidades de la empresa, mediante la distribución por parte de esta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos.

En ese sentido, se modificaría el porcentaje de utilidades que reciben los trabajadores de las empresas eléctricas, en su mayoría estatales bajo régimen privado. Pasaría del 5% al 10%.  Además, se permitiría que estos trabajadores accedan a más sueldos por año. Según acuerdos sindicales, ya reciben un total de 20 sueldos anuales (12 meses de salario, 2 gratificaciones, 2 pagos provenientes de los fondos del FONAFE, 2 más por cierre de pliego, 1 adicional por incremento salarial anual y 1 por beneficios de sindicalización). Si a esto se suman las utilidades actuales, serían un total de 24 sueldos.

En la modificatoria del artículo también se estaría cambiando la fórmula para hacerse acreedor de este beneficio. Un 75% en por días laborados y un 25% de acuerdo a la remuneración de cada trabajador, pese a que, en la actualidad, el reparto es 50% por días trabajados y 50% por el haber mensual.

Comex Perú evaluó el dictamen y publicó un informe de análisis al respecto, en el cual mencionaron que este debate no fue riguroso ni se basó en evidencia técnica, lo cual se reflejó al observar que solo 78 congresistas participaron de la votación. Asimismo, mencionaron que “si bien el objetivo declarado es reducir la desigualdad entre trabajadores, esta reforma desnaturaliza el reparto de utilidades al trasladar una problemática estructural a un esquema de compensación empresarial, con riesgos concretos para la productividad, la formalidad y la sostenibilidad de servicios públicos esenciales”.

Según el centro de estudios, un sistema más equitativo de reparto de utilidades estaría desarrollado en base a criterios que reflejen la verdadera contribución del trabajador, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad de la empresa. En este sentido, la propuesta de Horizonte Laboral sería la más apropiada de acuerdo a lo comentado por Comex Perú, debido a que plantean un mecanismo que mantiene el esquema actual de distribución por sector, pero con la fórmula interna ajustada para que el 75% se asigne en función de la remuneración, como indicador de productividad, y el 25% según los días trabajados. El objetivo del modelo sería alinear incentivos y reconocer el mérito.

Tratar de solucionar un problema estructural mediante un mecanismo inadecuado no sólo resulta ineficaz, sino que también puede perjudicar a los propios trabajadores y a los contribuyentes en general. Todo tiene un costo. Si, en este caso, se busca otorgar utilidades a más trabajadores de las empresas industriales eléctricas, alguien tiene que asumir ese costo extra que representa para las empresas. En resumidas cuentas, este beneficio lo terminarán pagando los contribuyentes al contar con un incremento de la tarifa eléctrica. ¿Es acaso esto justo o, en realidad, el Congreso debería proponer un modelo que verdaderamente vele por la eficiencia y productividad de los empleados y la propia empresa?

Gabriela Llontop Periodista y redactora

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