¿Pena de muerte en Perú? Entre el clamor ciudadano y los límites legales

Con el incremento del índice de criminalidad en el país, la propuesta que abre la posibilidad de ejecutar como condena la pena de muerte se hace cada vez más fuerte en los oídos de los peruanos. Pese a las propuestas de diversos grupos políticos, aplicar este mecanismo de sanción sería mucho más complejo de lo parece.

HISTORIA DE LA PENA DE MUERTE

La pena de muerte tiene sus orígenes en el Código de Hammurabi (1700 a.C.) y estuvo presente en el Imperio Romano, la antigua Grecia y la Edad Media. Surgió del Ius Puniendi del Estado (su facultad para sancionar delitos) y también tuvo un componente religioso, pues se veía como una forma de redención de pecados. Sin embargo, abusos como los de la Santa Inquisición demostraron sus peligros. Por ello, con el tiempo, la Iglesia Católica cambió su postura y hoy se opone a dicho castigo. Durante siglos, su aplicación no fue cuestionada, sin embargo sí eran diferentes los métodos de ejecución según la cultura.

Fue en el siglo XVIII cuando se empezó a debatir su validez, pero el mayor impulso abolicionista llegó tras la II Guerra Mundial, con el auge del movimiento de derechos humanos. Documentos clave como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1989) consolidaron su rechazo global. Según la Amnistía Internacional (2023), 144 países abolieron la pena de muerte, pero 55 aún la aplican.

PENA DE MUERTE EN PERU

Actualmente, la Constitución Política solo permite la pena de muerte por el delito de traición a la Patria en caso de guerra exterior y terrorismo. En 1978, el Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual le impide ampliar esta sanción para delitos nuevos.  La última persona sentenciada a pena de muerte en el Peru fue un militar en el año 1979. Éste fue fusilado por presuntos actos de espionaje a favor del gobierno chileno, la sanción se concretó bajo lo estipulado por la Constitución Política de 1933.

¿SE PUEDE AMPLIAR LA PENA DE MUERTE EN PERU?

A la fecha, la Convención nos coloca en un escenario en el que no estamos en capacidad de añadir más delitos sancionables con pena de muerte en nuestro ordenamiento.  Si bien existieron varios intentos de ampliar los delitos sancionables, no existe una hoja de ruta específica en nuestra regulación que indique como hacerlo.

El único camino admisible se lograría al ejecutar una denuncia total contra la Convención, sin embargo, el Estado peruano incorporó en su Constitución Política la opción de recurrir a instancias internacionales como una medida para proteger los derechos fundamentales de las personas, y, también, como un mecanismo de control del Estado para que cumpla con sus obligaciones asumidas en el ámbito internacional. Una denuncia total, nos alejaría del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos como instancia supranacional para esos supuestos. Si el Perú opta por este camino, terminaría igual que Venezuela y Trinidad y Tobago, naciones donde, actualmente, la Corte Interamericana de DDHH no tiene injerencia.

PENA DE MUERTE PARA SICARIOS, ¿UNA MEDIDA POPULISTA?

Queda claro que actualmente en Perú, ser extorsionador o sicario es uno de los “oficios” más rentables. Básicamente es dinero fácil y, con un simple análisis de costo – beneficio, podríamos determinar que los beneficios del delincuente son mayores a las acciones que toman las autoridades para frenar la comisión de estos delitos.

Según expertos, la ineficiencia de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial se debe, en la mayoría de los accesos, a cuán corrupto es el sistema de justicia peruano, el fácil acceso a armas de los delincuentes y los débiles operativos organizados para frenar sus fuentes de financiamiento. Si bien la pena de muerte podría disuadir la comisión de estos delitos, lo cierto es que la aplicación misma está sujeta a determinaciones complejas que sobrepasan al autonomía del Estado peruano para decidir sobre esos asuntos.