Congreso impulsaría centro recreativo en Santa María del Mar con dinero público

Un informe de Perú21 reveló que el Congreso habría dispuesto S/ 141,000 para ejecutar un estudio que determinaría si el terreno donde se construirá el “Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios” corresponde o no a una zona arqueológica. Este espacio fue cedido por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), pese a la críticas de la opinión pública por el presunto despilfarro de recursos públicos.

Este centro, con aparentemente finalidad recreativa, se construiría en el exclusivo balneario de Santa María del Mar, para lo cual se habrían destinado S/17 millones. Esta noticia se dio a conocer luego de que el Departamento de Logística del Congreso emitiera la orden N°74 a favor de Máximo Salazar Vivanco, arqueólogo designado para elaborar esta consigna.

Si bien el Congreso respondió con un comunicado donde negaron las acusaciones y la existencia de dicho proyecto, lo cierto es que desde hace varios meses existen indicios de la construcción de esta edificación destinada a los trabajadores del Poder Legislativo debido a un acuerdo firmado durante la gestión de Alejandro Soto. Incluso, fuentes del referido medio indicaron que este recinto contaría con 35,000 metros cuadrados, donde se construirían 2 auditorios para 800 personas, 3 bibliotecas, 3 restaurantes, 1 estacionamiento para 500 autos, 10 aulas para 230 personas, y 3 rotondas.

La administración del Congreso es duramente cuestionada por los peruanos, debido a que carece de legitimidad y cuenta con un alto nivel de desaprobación, percepción que se perpetúa con la presentación de proyectos de ley que suben y crean nuevos impuestos o que benefician únicamente intereses personales, pese a no contar con sustento técnico.

Por este motivo, la presunta ejecución de un club recreativo y para brindar capacitaciones en un balneario del sur de Lima destinado a funcionarios del Poder Legislativo (inclusive si no se trata de los propios congresistas) resulta preocupante. En este sentido, la pregunta cae de madura: ¿el dinero de los contribuyentes es ejecutado de manera eficiente?