Rigidez laboral y nuevas regulaciones: un freno a la formalidad en el Perú

Durante las dos décadas previas a la pandemia del COVID-19, el Perú experimentó un crecimiento económico notable, posicionándose como una de las economías más dinámicas de América Latina. Sin embargo, este crecimiento no fue acompañado de políticas que resuelvan los problemas estructurales, entre ellos, la rigidez del mercado laboral, que ha perpetuado altos niveles de informalidad y empleo precario.

Según COMEX, el Perú se encuentra entre los países con mayor rigidez laboral. El Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial nos ubica en el puesto 83 de 141 economías en el pilar de flexibilidad y en el puesto 134 en cuanto a prácticas de contratación y despido. Esta situación, que implica altos costos y baja productividad, lleva a muchas empresas a recurrir a la informalidad laboral. La rigidez en las regulaciones dificulta la contratación y el despido de trabajadores de manera eficiente y con costos razonables, desalentando así la generación de empleo formal.

Para reconocer cuales son las principales normas vigentes, proyectos de Ley o pronunciamientos judiciales que atentan contra la formalidad en el país, la Asociación de Contribuyentes publicó un análisis que reveló lo siguiente:

TERCERIZACIÓN LABORAL EN PELIGRO

En 2022 se promulgó una norma que prohibía la tercerización de labores que corresponden a funciones relacionadas al núcleo del negocio, afectando la oferta de servicios especializados y la eficiencia operativa de las empresas. Esta medida generó gran rechazo en el sector empresarial, llevando a más de 400 denuncias ante INDECOPI, que finalmente declaró ilegales los artículos restrictivos. Además, la norma fue cuestionada en el Poder Judicial mediante una acción popular, cuyos casos aún están pendientes de resolución. A pesar del impacto negativo en la productividad empresarial, actualmente existen proyectos de ley en el Congreso que buscan restringir nuevamente la tercerización en actividades esenciales.

¿DESPIDOS ARBITRARIOS?

Actualmente, se debate un proyecto de ley que impediría el traslado de trabajadores públicos al régimen del servicio civil, eliminando evaluaciones por meritocracia y dificultando su despido. Además, se propone imponer daños punitivos a los empleadores en casos de despidos fraudulentos, una figura no regulada en la legislación peruana y que podría generar una presunción de mala fe empresarial. También se busca endurecer el despido por bajo rendimiento, haciéndolo más complejo de justificar, y ampliar de 30 a 60 días el plazo para impugnar judicialmente un despido, otorgando más tiempo para la recopilación de pruebas.

PROYECTOS DE LEY QUE ENCARECEN RELACIONES LABORALES

• Proyecto de ley que otorga 180 días de licencia por maternidad: Se busca ampliar el descanso postnatal de 49 a 131 días calendario para fomentar la lactancia materna. Aunque la medida tiene un enfoque de salud pública, genera dudas sobre su impacto en la brecha de género y en los costos para los empleadores.

• Proyecto de ley que otorga protección laboral contra despidos para las parejas de mujeres embarazadas: La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen que extiende la protección contra el despido al futuro padre cuando su pareja no tenga un empleo formal. Actualmente, la ley protege a las gestantes hasta 90 días después del parto.

• Proyecto de ley para otorgar licencia por dolores menstruales: Se propone un día de licencia mensual para trabajadoras con dolores menstruales intensos, sin requerir una orden médica.

• Proyecto de ley que regula día de licencia por fallecimiento de mascotas: Se plantea una licencia compensable para trabajadores del sector público y privado en caso de la pérdida de una mascota.

SINDICATOS Y LIBRE COMPETENCIA

Una reciente sentencia de la Corte Suprema determinó que los sindicatos no pueden ser sancionados por acuerdos anticompetitivos, pese a que INDECOPI demostró que ciertos sindicatos de estibadores restringían la competencia en el Puerto de Salaverry. Esta decisión otorga mayor poder a los sindicatos, permitiéndoles actuar sin consecuencias bajo las normas de libre competencia.