Transparencia y límites: ¿Es viable el nuevo modelo de financiamiento privado de partidos políticos?

Tras el referéndum de 2018, organizado por el expresidente Martín Vizcarra, se eliminó el financiamiento de privados a partidos políticos. Sin embargo, un dictamen que restituye este mecanismo fue aprobado, en segunda votación, por la Comisión Permanente del Congreso de la República. Para ser promulgada aún debe pasar por el Ejecutivo, sin embargo, los expertos se muestran esperanzadores en esta iniciativa que mejoraría el proceso de financiamiento durante campañas políticas dotándolo de mayor transparencia.

Con este dictamen se aprobó la modificación de los artículos 29,30 y 31 de la Ley de Organizaciones Políticas, para permitir aportes por parte de personas naturales o jurídicas nacionales con un límite de 200 UIT (S/1,030,000). Con la norma también se establece que ningún aportante podrá superar el tope de las 500 UIT anuales, sin importar el número de partidos políticos a los cuales apoya económicamente. Asimismo, el documento excluye a personas naturales y jurídicas extranjeras con fines de lucro y personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro como ONGs.

Si bien los “aportantes anónimos” en principio están prohibidos, existe una excepción a la regla que admite el aporte de estas personas a través del Banco de la Nación, único ente que conocerá la identidad del donante y destino final de los fondos, los cuales no pueden superar los S/400,000 por aporte.

Para el investigador legal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), Diego Gómez, este dictamen no es perfecto, pero es necesario. Tiene falencias como destinar parte del financiamiento público a cubrir gastos de defensa legal, porque aunque la norma determina que el monto debe ser devuelto si hay sentencia, es un despropósito usar dinero de los contribuyentes para procesos penales de dirigentes.

Pese a ello, considera que los partidos políticos son agentes económicos que requieren financiamiento, como cualquier agente dentro del mercado. La participación política es importante, y permitir que las empresas o personas participen de esta, es completamente sano. “No hay una forma perfecta de financiar a los partidos; pero es mejor que lo hagan los privados (y de manera transparente, bajo los alcances de la Ley), a que lo haga el Estado. Más bien restringir este tipo de financiamiento no es una opción sana, ya que obliga a los partidos políticos a recurrir a fuentes ilegales de financiamiento”, sentenció.