Impuestos sin retorno: el drama de la poca inversión en infraestructura y servicios públicos en el país

Los contribuyentes peruanos cumplen con su obligación tributaria esperando recibir a cambio servicios públicos de calidad e infraestructura eficiente. Sin embargo, gran parte de esos recursos se destinan para mantener el funcionamiento del aparato estatal. Según el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), José Ignacio Beteta, más burocracia es sinónimo de menos inversiones y menor crecimiento económico, debido a que el Estado pone por encima el pago de sueldos que la inversión en más hospitales, carreteras y colegios.

Esto quedó en evidencia con la asignación del presupuesto público 2025, el cual solo elevó en 3.2% el monto destinado a inversiones de infraestructura, pese a contar con un fondo total que supera los S/251.8 millones. Para el también especialista en gestión pública “el aparato estatal sigue engordando, mientras las brechas en salud, educación y servicios básicos continúan aumentando, dejando insatisfecha la promesa de un contrato social justo”.

A pesar de las bajas expectativas de crecimiento económico, el Estado sigue ampliando su estructura burocrática. Pero, ¿qué sucede con las inversiones en regiones?

A octubre de 2024, existen 2,648 obras paralizadas en todo el país, que suman una inversión superior a S/43 mil millones. Esto refleja ineficiencia en la gestión de recursos y un gran desperdicio del dinero de los contribuyentes.

Si nos enfocamos en los servicios básicos, la brecha aún es muy amplia. De acuerdo con información de diversos centros de investigación, el 73% de los peruanos enfrenta la falta de acceso a agua potable, solo el 40% de las escuelas tiene agua, electricidad y desagüe en simultáneo, el 56% de los colegios necesita una sustitución total de su infraestructura y solo existen 17 médicos por cada 10,000 habitantes en establecimientos públicos de salud, cifra que se aleja del estándar recomendado.

Si el Estado contrata al 8.6% de la PEA ocupada, lo que equivale a más de 1.53 millones de servidores públicos, resulta incoherente que estos profesionales no sean capaces de ejecutar correctamente nuestros impuestos. “Estas cifras muestran que el dinero público no se traduce en servicios que garanticen un mínimo bienestar para todos. A pesar de pagar impuestos, el Estado no cumple con el contrato social. No podemos permitir que creen y suban más impuestos cuando el dinero que ya gestiona el Estado no nos trae de vuelta inversión y un mejor Perú para vivir”, concluyó Beteta.