Rafael Muente suspendido por presunto uso indebido de fondos públicos: controversia en Osiptel

A fines de septiembre de 2024, Rafael Muente Schwarz, presidente ejecutivo de OSIPTEL, fue suspendido de su cargo por un período de 365 días sin goce de haber. La razón de la suspensión se dio tras la aplicación de un proceso disciplinario que lo encontró responsable de utilizar más de S/ 57,000 de fondos públicos para financiar un programa de capacitación personal. De acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), entidad que sancionó la falta, el funcionario público habría violado la Ley del Servicio Civil y el Código de Ética de la Función Pública al disponer de recursos estatales en beneficio propio.

El servidor público rechazó rotundamente las acusaciones, pues argumentó que es sumamente necesario que el personal del Estado se capacite, particularmente en sectores técnicos como el de telecomunicaciones, donde la innovación es constante. Además, su defensa se centra en tres puntos clave: la falta de evidencia señalada por la Contraloría, la supuesta incompetencia de la PCM para sancionar en este tipo de casos, y un presunto conflicto de intereses con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, a quien acusa de parcialidad debido a diferencias profesionales previas.

Pese a ello, la PCM sostiene que el gasto de recursos públicos efectuado por Muente careció de justificación pública, pues fue destinado exclusivamente a su beneficio personal. La entidad recalca que los fondos públicos deben ser usados estrictamente en favor de los intereses del Estado y no de individuos.

Es preciso recordar que la presidencia ejecutiva de Osiptel se designa mediante un concurso público, lo cual indica que el funcionario que desempeña este cargo no cuenta con línea de carrera en el Estado. Por ello, se cuestiona que una persona con un puesto temporal en alguna entidad gubernamental tenga acceso a beneficios de financiamientos de capacitación profesional cuando es muy probable que, al terminar su gestión, regrese al sector privado.

El caso reabre el debate sobre el financiamiento estatal de programas de capacitación para funcionarios. Si bien estas iniciativas pueden fortalecer la gestión pública, también existe el riesgo de que los beneficiados abandonen el sector estatal tras adquirir nuevas competencias. Esto plantea preguntas sobre la pertinencia de invertir en programas costosos sin garantías de retorno significativo para el Estado. En ese sentido, expertos sugieren que las capacitaciones sean más específicas y menos onerosas, buscando maximizar los beneficios para las entidades públicas sin descuidar la formación de sus trabajadores.