La alarmante caída en la inversión en Defensa y su impacto en la seguridad nacional

En el marco de la celebración del día del Ejército del Perú es importante analizar la gestión de recursos públicos a favor de las Fuerzas Armadas (FF.AA). Si bien el problema no radica en el gasto en planilla, sí en cuánto se destina realmente a inversión estratégica en fortalecimiento de sus capacidades operativas. Mientras Perú destina desde hace aproximadamente 20 años, alrededor del 1% de su PBI para inversión en defensa nacional, países como Portugal o Nueva Zelanda invierten el 3% de su PBI a gastos de defensa, siendo naciones que, como la nuestra, no tienen problemas limítrofes o bélicos activos.

En el caso del Ejército, en los últimos 24 años, el Estado Peruano ha invertido casi S/42,000 millones y, si comparamos esta cifra con el 2005, el incremento presupuestal fue casi del 90% a 2024.  En el caso de la Fuerza Aérea del Perú, el Estado invirtió entre el 2005 y el 2024, S/25,900 millones, y en el caso de la Marina de Guerra del Perú aproximadamente S/ 36,300 millones. En total, para las tres Armas hablamos de una inversión de poco más de S/ 104,000 millones.

Es importante hacer hincapié que específicamente en el año 2024 la inversión del Estado en las Fuerzas Armadas ha caído en un 52% con respecto al 2023, y en el 2023 ya había caído en un 10% con respecto al 2022. Esto manifiesta no solo una baja priorización de parte de nuestras autoridades en invertir nuestras instituciones castrenses, sino además, probablemente, problemas en la inversión y gestión de los recursos existentes.

Es cuestionable que en el 2024, en medio de un contexto internacional donde los conflictos bélicos están activos y Perú podría tener consecuencias indirectas de ello, hayamos vuelto a niveles de inversión en el sector Defensa similares a los del año 2008, algo que a todas luces no parece ni conveniente ni idóneo. Sin embargo, este es un problema que se refleja también en otras partidas presupuestales del Estado para combatir la minería ilegal o la producción de drogas.

Por ejemplo, en cuanto al presupuesto para reducir la minería ilegal, en el 2015,  el Estado invirtió más de S/ 4 millones, mientras que en el 2024 se le asignó a esta partida aproximadamente S/ 2.5 millones. En el caso del presupuesto para control de oferta de drogas ocurre algo aún más sensible, debido a que no se asignan recursos directos desde 2019. En 2013, el Estado destinó S/4.6 millones para combatir la venta ilegal de narcóticos. ¿Cómo reducir el presupuesto en programas esenciales para combatir actividades ilegales cuando, por el contrario, el Estado debería ser mucho más estricto para luchar por la defensa y seguridad interna del país?