Sedapal y las irregularidades en el servicio de agua potable que ponen en riesgo la vida de peruanos
Hace algunas semanas, una menor de 9 años perdió la vida producto de un accidente protagonizado por una cisterna de agua potable. Si bien Sedapal, empresa encargada de brindar el servicio de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao, lamentó el hecho, informó que el vehículo no le pertenecía a la estatal. Pese a ello, este triste suceso refleja cómo la ineficiencia del servicio hídrico en la capital atenta contra la vida de los peruanos.
Hasta 2023, en Lima, 635 mil personas no contaban con acceso a agua potable, mientras que más de 904 mil personas no contaban con el servicio de alcantarillado, según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres). De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), las personas en situación de vulnerabilidad pagan hasta 6 veces más por metro cúbico de agua potable. Una familia con acceso a la red paga, en promedio, S/3 por m3, pero una persona que no cuenta con este servicio debe invertir hasta S/16 por m3.
Tras los millonarios salvatajes que recibe PetroPerú y las serias irregularidades que persiguen a Corpac, queda en evidencia que el Estado no cuenta con la capacidad técnica para administrar adecuadamente diferentes servicios públcios. Para los expertos, el bajo rendimiento y capacidad para gestionar recursos por parte de Sedapal se debe a la falta de competitividad e incentivos que exijan el cumplimiento de estándares mínimos.
Una de las razones que impide que esta empresa mejore su competitividad es el sistema de contratación de personal dentro de la estatal, el cual prioriza a los familiares directos de los miembros del sindicato de la empresa. Es decir, existe una suerte de “cargos hereditarios”. Alrededor de 2,000 puestos en Sedapal son hereditarios, lo que significa que cuando un trabajador se jubila o fallece, su puesto pasa a ser ocupado por un hijo o familiar cercano. Este convenio, firmado con el sindicato SUTESAL, elimina por completo la meritocracia, generando así serios cuestionamientos sobre la calidad de los empleados que ingresan a la compañía.
A esto se suma un problema evidenciado en un informe de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), el cual reveló una presunta mafia en torno a la compra y distribución de agua potable en Lima. Actualemnte, el Estado prioriza la distribución de recursos hídricos de forma gratuita o a precios sociales para zonas vulnerables. Sin embargo, parece que los «cisterneros» desvían el propósito original de la medida al vender el agua al mejor postor. Sedapal, en su defensa, aseguró que sí entrega el agua a los propietarios de los camiones a una tarifa social. Sin embargo, la falta de supervisión sobre los puntos de entrega y rutas de distribución deja en evidencia un sistema corrupto y descontrolado.