¿Clúbes de fútbol en crisis financiera?

Desde 2012, el Estado aprobó beneficios para rescatar financieramente a los equipos de fútbol profesional en Perú. Con estas leyes no solo se permite la reestructuración de los clubes, sino que impide que se declaren en bancarrota gracias a los procedimientos concursales, los cuales ayudarían a extender el plazo de pago de sus deudas. Sin embargo, la reciente modificación de la Ley N° 31279 generó serios cuestionamientos, debido a que excluye de ciertos beneficios a equipos deportivos como Alianza Lima y Melgar FBC.

En cambio, agrupaciones como Universitario de Deportes y Sport Boys sí acceden a favores como la posibilidad de aprobar cronogramas de pago de deudas hasta por 30 años, pues iniciaron sus respectivos procedimientos concursales bajo la Ley N° 29862.

Un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú, a cargo del abogado Diego Gómez, indicó que esto refleja un claro trato diferenciado. Si bien los procedimientos concursales fueron creados para ayudar financieramente a personas jurídicas en situación de crisis económica, lo cierto es que la reciente modificación de la norma abre paso a ciertos beneficios adicionales a los que solo un pequeño grupo puede acogerse.

“Nadie está en contra de brindar facilidades a personas jurídicas con problemas financieros. Los procedimientos concursales existen justamente con la finalidad de salvaguardar y promover rescates financieros de personas jurídicas en situaciones de crisis. Sin embargo, recurrir a privilegios y un proteccionismo exagerado por parte del Estado, que llegan a extremos de desnaturalizar leyes vigentes, y que ponen en riesgo incluso fines recaudatorios, es bastante cuestionable”, cuestionó.

En la misma línea, el jurista señaló que permitir que una deuda, incluyendo las tributarias, se aplacen durante tantos años, podría perjudicar seriamente el nivel de recaudación económica del país. Recordemos que estos clubes profesionales de fútbol tienen la responsabilidad de pagar impuestos como cualquier otro contribuyente, por ende, evitar que paguen sus deudas en el corto o mediano plazo podría evitar que estos fondos sean transferidos a la ejecución de proyectos públicos en salud, educación, entre otros.